Acusados de trata de personas a prisión preventiva

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa, a cargo de la Fiscal Provincial Lissbeth Adriazola Begazo consiguió que el Poder Judicial dicte mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en contra de Gian Marco Pacheco Sánchez y Percy Ulices Pacompía Galindo, por la presunta comisión del delito de trata de personas agravado en la modalidad de explotación sexual agravada y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes agravado.

 

A los investigados se les imputa haber captado, trasladado, acogido y retenido a dos menores de edad (17 y 16 años), así como una ciudadana de 28 años, las tres provenientes de Venezuela, quienes fueron llevadas hasta el distrito de El Pedregal provincia de Caylloma en Arequipa. Habrían pasado por los países de Colombia y Ecuador, a través de diversos “asesores” que serían las personas encargadas de embarcarlas por vía terrestre hasta su lugar de destino.

 

Se les imputa además haber explotado sexualmente a las agraviadas, entre ellas dos menores de edad, en el local conocido como “El Chongo” en esta misma jurisdicción, obligándolas a mantener relaciones sexuales y “fichar” con diversos clientes, servicio por el cual ambos sujetos cobraban el costo de S/. 50 soles, de los cuales correspondía el 50% para ellos, y el 50% para el pago de la “Multa” que les habían impuesto por el monto de S/. 17 000.00 soles, correspondiente a los gastos por su traslado desde Venezuela hasta la localidad de El Pedregal.

 

La intervención policial, se dio a consecuencia de la denuncia de la familiar de una de las agraviadas, que refirió haber recibido mensajes de la agraviada, haciéndole conocer que había sido castigada en una habitación del inmueble en el que las tenían retenidas, por negarse a tener relaciones sexuales con los clientes.

 

La audiencia de prisión preventiva estuvo a cargo del Fiscal Adjunto al Provincial Pool Alarcón Barrionuevo, quien sustentó ante el órgano jurisdiccional los graves y fundados elementos de convicción que vinculaban a los denunciados con la comisión de los delitos imputados, que la pena probable a imponérseles a los imputados asciende a 35 años de pena privativa de la libertad y la existencia de peligro procesal (peligro de fuga y de obstaculización a la justicia).