Cinco candidatos no declararon procesos judiciales en Arequipa

Por: Roberth Orihuela Q.

 

El portal de la Asociación Civil Transparencia publicó el pasado 23 de febrero, una lista de todos los candidatos que postulan al Congreso que tienen antecedentes y procesos judiciales en curso. Por Arequipa se han publicado los nombres de 10 candidatos. El analista político Nilo Cruz dice que “la falta de transparencia de estos candidatos es una mala señal de sus intenciones eleccionistas”.

 

Desde hurto, pasando por difamación, procesos por alimentos y hasta peculado. Algunos ya tienen sentencias y otros aún se mantienen en procesos judicializados, ya sea en materia penal o civil. Cinco de ellos ya tienen sentencias, sí declararon sus casos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) – Arequipa 1.

 

Otros 5 con procesos aún en curso no están obligados, pero “en aras de la transparencia y la democracia, deberían hacerlo público. Si no lo hacen algo tienen que esconder”, señala Nilo Cruz.

 

DECLARARON

Juan Carlos Eguren, de Alianza Popular, tiene una sentencia condenatoria, aunque en la hoja de vida indica que “no hay delito perseguible”, pues la sentencia fue en contra de la Junta de Propietarios del Edificio Costa Azul y otros. Se le ha impuesto una reparación civil que ha pagado parcialmente. Lo ha declarado.

 

Wilfredo Gutiérrez de Solidaridad Nacional, fue condenado por hurto simple. Se le impuso tres años de pena privativa de libertad, modalidad suspendida, y una reparación civil que ha pagado en su totalidad. 

 

Miguel Ángel Pérez Vizcarra, del Partido Político Orden, ostenta dos fallos condenatorios en materia contractual, donde se declara “juzgada la demanda con adjudicación de bien hipotecado”.

 

Frida Fiorella Matos Angulo de la organización Perú Patria Segura, tiene un proceso en curso por alimentos. Sin embargo, no queda claro si es a su favor o en su contra. Pero también ha tenido otros tres fallos por violencia familiar (cese de violencia familiar), y otro más por alimentos (infundada demanda).

 

Y Leoncio Pedro Amudio Peña de Todos Por el Perú, con un historial lardo de seis fallos condenatorios en materia familiar – alimentaria, en los que se establece: 1) asignar pensión alimentaria 20% a Matías Fabricio Amudio Gallegos; 2) deja sin efecto todos los procesos y expedientes antes mencionados y ordena el prorrateo; 3) asignar pensión alimentaria 25% a Luanna Marian Paula Amudio Gómez; 4) asignar pensión alimentaria 4% a Jéssica Verónica Delgado Ticona; 5) asignar pensión alimentaria a razón de 25% para Sebastián Mauricio Amudio Delgado; 6) asignar pensión alimentaria 60% de haberes en favor de Carmen Peña Velazco. Adicionalmente, tiene un proceso en curso por alimentos.

 

NO DECLARARON

Por otro lado, están los candidatos que mantienen procesos en curso.

El primer candidato de la organización política Acción Popular, Miguel Román Valdivia, tiene un proceso por negociación incompatible. Aunque el aspirante tendría que describir con mayor detalle el suceso, según el artículo 399 del Código Penal Peruano, es cuando un funcionario o servidor público indebidamente en forma directa o indirecta se interesa por un contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Se pena de 4 a 6 años de inhabilitación de ejercer cargos públicos.

 

Jorge Sumari Buendía, de Alianza para el Progreso del Perú, mantiene un proceso en curso por el delito de peculado. Que no es más que la acción de un funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos (dinero o bienes) cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

 

Otros aspirantes con problemas son: Carlos Emilio Vizcarra Velazco del Frente Amplio con un proceso en curso por el delito de difamación; Camilo José Cárcamo Mattos de Fuerza Popular, con un proceso en curso en materia penal (aunque no se precisa la causa); y Patricio Elisban Cari Arapa de Progresando Perú, procesado por desalojo.

 

ES UNA PUERTA DE ESCAPE

El analista político Nilo Cruz Cuentas tiene una visión más punzante sobre estos detalles electorales. Para él, resulta poco transparente que los candidatos solo pongan sus sentencias firmes, y no los procesos que siguen, aunque aún se mantenga la presunción de inocencia. Indica que su postulación también podría estar condicionada a los beneficios que les daría, en caso ganar un puesto. “Entrar al Congreso significa inmunidad parlamentaria”, dice.

 

Además, entrando al Parlamento podrían librarse de sus condenas, en caso resulten culpables o se encuentren más pruebas de ello. “Es una puerta de escape para ellos”, indica Nilo Cruz. 

 

De otro lado, a pesar de que las hojas de vida con públicas y obligatorias para los aspirantes, estos solo colocan las condenas firmes, más no los procesos. Estos documentos son una declaración jurada para el JEE, y este lo asume como verdad, y si se encontrara falsedad, podrían ser procesados. 

 

Sin embargo, un vocero del JEE señala que solo están obligados a colocar sentencias firmes y consentidas, es decir que no tengan apelación. Tampoco puede haber omisiones en sentencias por Alimentos. “En principio los partidos son lo que deben fiscalizar a sus candidatos, luego el jurado es quién debe tomar cartas en el asunto, si es que se encontrara esas omisiones”, señala.

 

Finalmente, Nilo Cruz opina que “esta es una mala señal, ya que su falta de transparencia podría indicarnos que ocultan algo. Y ese hecho ya debería repercutir en los votos, porque no deberíamos permitir que personas con procesos entren a gobernarnos, y mucho menos candidatos con sentencias por alimentos, sería lo peor”.

 

DATO

Transparencia es una asociación civil que tiene por misión trabajar por el fortalecimiento de la democracia y la calidad de la representación política. Fue fundada en el Perú el 18 de julio de 1994 por un grupo de ciudadanos sin filiación partidaria.