Condenan a Fernando Rospigliosi por difamación contra Delia Espinoza

Poder Judicial impone prisión suspendida y multa por afectar su reputación. 

El Poder Judicial condenó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a 9 meses de prisión suspendida tras hallarlo responsable del delito de difamación agravada en agravio de Delia Espinoza Valenzuela, cuando esta ejercía como fiscal de la Nación.

La sentencia fue emitida por la jueza Norma Carbajal Chávez, del Juzgado Supremo Unipersonal de la Corte Suprema, quien además ordenó el pago de una reparación civil de S/ 200 mil a favor de la agraviada, así como una multa equivalente a 100 días.

Expresiones consideradas difamatorias

El fallo se sustenta en declaraciones realizadas por el legislador en julio y septiembre del año pasado, tanto en redes sociales como en una entrevista televisiva. En estos espacios, Rospigliosi calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo”, “prodelincuencia”, “proterrorista” y “desquiciada”.

Según la magistrada, estas afirmaciones carecían de sustento fáctico y constituyeron un ataque directo al honor y reputación de la entonces titular del Ministerio Público.

“El carácter ofensivo de la frase cuestionada no es dudoso […] se trata de un ataque que implica una descalificación”, señala la resolución judicial, que además advierte que el derecho a la libertad de expresión no ampara excesos ni expresiones injuriosas.

Reglas de conducta y obligaciones

Como parte de la condena, el titular del Parlamento deberá cumplir una serie de reglas durante un año, entre ellas no cambiar de domicilio sin autorización judicial, presentarse periódicamente ante control biométrico y no cometer nuevos delitos dolosos. Asimismo, la sentencia será notificada en audiencia pública el próximo 15 de abril.

Rospigliosi rechaza fallo

Tras conocerse la decisión, Fernando Rospigliosi cuestionó la sentencia y aseguró que sus declaraciones fueron emitidas en el marco de su función como congresista.

El legislador invocó el artículo 93 de la Constitución, que establece que los parlamentarios no son responsables por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones, y afirmó que el fallo busca “silenciar” sus críticas.

Además, reiteró sus cuestionamientos hacia la exfiscal Delia Espinoza Valenzuela, a quien acusó de haber utilizado políticamente el Ministerio Público.

El caso abre un nuevo debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y la protección del derecho al honor, en un contexto de alta confrontación política.

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