Congreso propone reducir plazo de concesiones mineras inactivas

Predictamen de la Comisión de Energía y Minas plantea caducidad máxima en 15 años y ya no 30.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó ayer un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras en el país, con el objetivo de endurecer las reglas y reducir el plazo para que caduquen las concesiones ‘ociosas’, que han permanecido sin producción por largos periodos. La iniciativa modifica la Ley General de Minería y busca agilizar la explotación de recursos naturales, asegurando una mayor actividad y dinamismo en el sector.

El cambio principal propuesto en el predictamen es la reducción del plazo máximo para que una concesión minera se pierda por falta de producción, pasando de 30 a 15 años. Actualmente, los titulares de concesiones pueden mantener el derecho de explotación durante 10 años para iniciar operaciones, y si no lo hacen, pueden extender este periodo otros 20 años adicionales mediante el pago de penalidades o el cumplimiento de niveles mínimos de producción. El nuevo esquema establece que, si al cabo de 15 años la concesión no está en operación, el titular perdería automáticamente el derecho de explotación.

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MÁS CONDICIONES

Además, el predictamen propone modificar el monto del derecho de vigencia, que actualmente tiene una tarifa plana, y establece un esquema progresivo según la extensión de las concesiones acumuladas por un mismo titular, con tarifas que van desde 3 hasta 12 dólares por hectárea. Este ajuste busca elevar los costos para los titulares que mantienen grandes extensiones de tierra inactivas, lo que se considera un obstáculo para los pequeños mineros que buscan formalizarse y que podrían acceder a esas áreas ahora liberadas.

A FAVOR Y EN CONTRA DE LA PROPUESTA

Sin embargo, este cambio ha generado opiniones divididas. Según el abogado especialista en legislación minera, Miguel Ángel Soto, esta modificación responde a la necesidad de reducir las concesiones inactivas y de liberar espacio para los pequeños mineros. No obstante, advirtió que, si bien la normativa busca favorecer a la minería artesanal y a los mineros en proceso de formalización, indirectamente podría beneficiar a los mineros ilegales al brindarles acceso a estas concesiones perdidas, dado que los grandes titulares de concesiones podrían no estar dispuestos a cederlas.

El especialista también subrayó que este tipo de cambios podrían afectar la planificación de proyectos mineros de gran escala, que generalmente tienen plazos de maduración superiores a los 20 años, y advirtió que podría generar incertidumbre que limite la atracción de nuevas inversiones en el sector.

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SECTOR MÁS DINÁMICO

Con esta medida, el congreso busca promover un entorno más dinámico para el sector minero, permitiendo que las concesiones ociosas sean reutilizadas por aquellos interesados en realizar actividades productivas, pero el debate sobre sus posibles efectos en la gran minería y la formalización del sector continúa siendo un tema de discusión clave.

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