Construcción de puente en Cayma provocó perjuicio de 273 mil soles

Proyecto interconecta Casimiro Cuadros con Villa Continental.

La gestión de Jaime Chávez en la Municipalidad de Cayma, causó un perjuicio económico de S/ 273 mil 150 por la aprobación indebida de la ampliación de plazo, sin una debida justificación, de la obra del puente vehicular y peatonal entre Casimiro Cuadros del pueblo joven Buenos Aires zona C y Villa Continental.

El Informe de Servicio de Control Específico N° 005-2024-2-1302-SCE de la Contraloría General, detalla que durante la ejecución de la obra funcionarios consintieron y aprobaron una ampliación de plazo por 33 días, de los cuales 25 no fueron justificados ya que no afectaba la ruta crítica; además, se concedió sin observar el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones.

Asimismo, se identificó que la presentación del informe de compatibilidad del expediente técnico se realizó de manera extemporánea, lo que incumple las estipulaciones contractuales y genera la inaplicación de penalidad por mora.

El proyecto de creación del servicio del puente vehicular y peatonal entre Casimiro Cuadros del pueblo joven Buenos Aires zona C y la calle 2 del TEPRO Alto Cayma sector 1 (Villa Continental), distrito de Cayma, se licitó con un presupuesto de S/ 2 millones 524 mil 653 y se inició el 19 de marzo de 2021. Con la aprobación del adicional de obra y reajuste de precios del contrato original se incrementó a S/ 3 millones 024 mil 176.

RESPONSABILIDAD

En los hechos ocurridos entre el 19 de marzo del 2021 y 23 de junio del 2022, se identificaron a tres exfuncionarios por presunta responsabilidad administrativa entidad y uno con proceso administrativo sancionador (PAS), de los cuales dos exfuncionarios tienen responsabilidad civil.

El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Cayma, fue notificado al alcalde de la entidad a quien recomienda iniciar los procesos administrativos necesarios contra los responsables, al PAS procesar al exfuncionario y a la Procuraduría Pública de la Contraloría adoptar las acciones civiles.

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