El Salvador aprueba cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violacion y terrorismo

Reforma impulsada por Bukele genera críticas de organismos internacionales. 

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobo una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele que habilita la aplicacion de la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. La decisión, respaldada por una amplia mayoría oficialista, marca un cambio significativo en el sistema penal del país, donde hasta ahora la Constitución prohibía este tipo de condenas.

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La modificación del artículo 27 establece que la pena perpetua podrá imponerse exclusivamente a quienes cometan estos delitos, manteniendo la prohibición de otras sanciones consideradas infamantes o inhumanas. La iniciativa fue aprobada con 59 votos, incluyendo el respaldo de algunos legisladores de la oposición, y sin un proceso previo de debate o análisis en el Parlamento.

El anuncio de la reforma se produjo en un contexto de fuerte tensión, luego de que un grupo de expertos internacionales publicara un informe en el que acusa al Gobierno salvadoreño de presuntos crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción vigente desde hace varios años. Esta política ha permitido la detención masiva de personas vinculadas a pandillas, como parte de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.

Desde el gobierno, las críticas han sido rechazadas de manera frontal. El ministro de Justicia y Seguridad defendió la reforma y cuestionó duramente a las organizaciones de derechos humanos, acusándolas de favorecer a criminales. En declaraciones públicas, sostuvo que las medidas adoptadas buscan proteger a la población y garantizar la seguridad frente a la violencia.

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Por su parte, especialistas y organismos internacionales han advertido que la introducción de la cadena perpetua podría contradecir principios históricos del sistema penitenciario salvadoreño, orientado a la rehabilitación y reinserción social de los condenados. Además, han expresado preocupación por la falta de debate legislativo y el impacto que estas reformas podrían tener en los derechos fundamentales.

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