Exponen deficiencias en centro de residuos sólidos de Bustamante y Rivero

Además, alerta por sobrecarga en vehículos de recolección.

Un reciente informe de Contraloría ha detectado graves deficiencias en el Centro de Acopio Santa Mónica, de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, un área destinada al acondicionamiento y valorización de los residuos sólidos, situación que podría afectar la salud pública de los trabajadores, el ambiente y la sostenibilidad del servicio. 

La primera observación señala que el área de acondicionamiento y la infraestructura de valorización de residuos sólidos no cumple con las condiciones mínimas ni con las disposiciones técnicas ambientales. Se constató la ausencia de señaléticas, canales de evacuación de aguas, sistema de lavado, limpieza y fumigación. 

Tampoco se cuenta con equipamiento esencial como mesas de segregación, fajas transportadoras y balanzas. La infraestructura carece de pisos y paredes impermeables, además de un sistema contra incendios.

La segunda situación observada revela que las unidades vehiculares utilizadas para la recolección de residuos trabajan con cargas mayores a su capacidad útil. Según el análisis, de 357 viajes realizados, en abril de 2025, hacia el botadero de Quebrada Honda, el 30 % presentó sobreesfuerzo. Asimismo, el 57 % de los viajes se efectuaron con carga deficiente, lo que podría generar mayores costos operativos, deterioro de vehículos y riesgo de accidentes.

MÁS IRREGULARIDADES

La Contraloría señaló que en anteriores informes se detectaron otras deficiencias, que hasta la fecha no han sido atendidas por el municipio. Es el caso del sistema de mantenimiento de los vehículos que no cumple con la normativa vigente; incumplimiento de la reglamentación nacional de tránsito y vehicular; falta de control en el almacenamiento de bienes; incumplimiento de la programación semanal del servicio; y la falta de un plan de aseguramiento para las unidades vehiculares. 

El organismo exhortó a la municipalidad adoptar las acciones correctivas y comunicarlas en un plazo máximo de cinco días hábiles, ya que la situación actual podría poner en peligro el cumplimiento de los objetivos del servicio de limpieza pública. 

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