Fiscalización recomienda vacar a Dina Boluarte por caso Cofre

Comisión evalúa un presunto mal uso del vehículo presidencial para un supuesto encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, el informe final del denominado caso Cofre, en el que se evalúa un presunto mal uso del vehículo oficial de la presidenta Dina Boluarte para un supuesto encubrimiento del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón.

El informe recomienda al Pleno del Congreso evaluar si corresponde declarar la vacancia presidencial, como respuesta política y constitucional ante las presuntas irregularidades detectadas. Además, propone el otorgamiento de facultades como comisión investigadora y solicita analizar posibles infracciones penales de al menos nueve personas, entre las que figuran el exministro del Interior, Juan José Santiváñez; el general PNP Víctor Zanabria Angulo; y el jefe del Estado Mayor, general Óscar Arriola.

EL CASO

El informe se centra en los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2024, cuando el vehículo oficial de la presidenta Boluarte fue trasladado hasta el distrito de Asia, al sur de Lima. Un mes antes, en ese mismo lugar, se había ejecutado un operativo policial en busca de Vladimir Cerrón, ante sospechas de que se encontraba oculto en el condominio Mikonos.

DELITOS ATRIBUIDOS

El informe detalla cuatro presuntos delitos cometidos por la jefa del Estado: peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes funcionales y encubrimiento personal.

Peculado de uso: Se le imputa el uso indebido de recursos del Estado, al emplear un vehículo oficial para actividades de índole privada. La presidenta argumentó que su presencia en Asia fue por una “reunión familiar”, pero para la comisión, esta explicación no justifica el uso de medios públicos.

Abuso de autoridad: El informe señala que la Secretaría General de la Presidencia declaró como “reservada” toda información relacionada con el cofre presidencial, lo que, según la comisión, constituyó una acción arbitraria para restringir el acceso a información de interés público.

Omisión de deberes funcionales: Se convocó a los efectivos policiales Félix Montalvo Guevara, Jhon Janampa Ruiz y Milagros Kelly Vargas Castro, quienes habrían estado involucrados en la custodia o uso del vehículo. Sin embargo, el Ministerio del Interior respondió que esa información era de carácter reservado, basándose en la resolución emitida por la Secretaría General.

Encubrimiento personal: Se imputa a la jefa del Estado y a los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, que se encontraban a cargo de la institución en el periodo de enero del 2024.

REACCIONES 

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció que el informe final será remitido al Ministerio Público, a pesar de que la comisión no cuenta con facultades investigadoras formales.

“La Fiscalía nos solicitó todo lo avanzado; son aproximadamente 2 mil 336 folios, que serán alcanzados directamente”, declaró Burgos.

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, descartó la posibilidad de una vacancia y calificó como “suposiciones” los señalamientos en contra de Boluarte.

“Para nosotros, no está en absoluto contemplada esa posibilidad. Consideramos que el Perú necesita un trabajo conjunto, donde todos podamos sumar”, afirmó el titular del Minedu a la prensa.

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