Francisco Diez Canseco: “El desgobierno propicia el crecimiento del sicariato”

Advirtió que el Estado se expone a ser manejado por la criminalidad.

El incremento de los casos de sicariato y extorsión en Lima y en el resto de regiones del país se debe al desgobierno que caracteriza la gestión de la presidenta Dina Boluarte y a la falta de estrategias para combatir eficientemente el problema, señaló el analista político Francisco Diez Canseco.

“Lo que tenemos es un caso, no solamente de extrema corrupción sistémica, sino de extremo desgobierno, aquí no hay gobierno ¿por qué es que sigue creciendo el sicariato, la extorsión? ¿por qué las organizaciones criminales siguen expandiendo sus acciones en todos los ámbitos de la República? Porque hay desgobierno, no hay una estrategia de gobierno para responder a esto”, cuestionó.

El jurista observó que la actividad delictiva se fortalece, mientras la administración de Boluarte aplica medidas artificiales y cosméticas como emitir declaratorias de estado de emergencia, que no tienen impacto real en las jurisdicciones involucradas al no estar acompañadas de estrategias coherentes y técnicas por parte del Ministerio del interior, ineptamente conducido por Juan José Santiváñez.

“La declaratoria de emergencia en 14 distritos, como ya se ha demostrado, no funciona porque levantar ciertas garantías como el derecho a reunión, de libre tránsito, de inviolabilidad de domicilio, solo funciona si de por medio hay un plan estratégico, debidamente delineado, con inteligencia de por medio por el Ministerio del Interior y eso no se ha hecho”, manifestó.

Diez Canseco advirtió que las extorsiones se están extendiendo hacia todos los sectores productivos, aunque actualmente, tienen más incidencia en los servicios de transporte en la capital de la República, donde ya se realizaron dos marchas exigiendo erradicarlas. Refirió que hay cientos de pequeños comercios que cerraron porque no pueden pagar los cupos que les piden los criminales y al no hacerlo, matan a los empresarios.

Esta situación, de acuerdo al analista, propicia que el Estado peruano se exponga cada vez más a ser manejado por la criminalidad y la violencia, ocasionando un lamentable retroceso en el sistema democrático, donde debe imperar la justicia social.

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