Gasoducto Sur Peruano: quedó a fojas cero
24 de enero de 2017
Ante la declarada imposibilidad económica de los ejecutores del gasoducto sur peruano, el gobierno canceló la concesión de la construcción y operación del mismo, y un comité especial del Ejecutivo procederá a realizar un proceso de adjudicación nuevo lo más antes posible.
El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, y justo en el día en que venció el plazo máximo, anteriormente ampliado para que una compañía brasileña, Odebrecht, pudiera vender sus acciones y continuar los trabajos. Arequipa, Tacna y Moquegua recibirán desde junio gas natural de Camisea transportado en camiones calculándose que 11 mil hogares podrán disfrutar de su uso a menor precio y por tuberías. El gasoducto sur peruano era ejecutado por un consorcio que integraban a parte de Odebrecht con la empresa española, Enagás, y la peruana Graña y Montero. Tenían precio pactado de siete mil millones de dólares.
Ahora todo ha quedado en suspenso hasta que Proinversión encuentre la mejor forma de adjudicar la continuación de los trabajos a favor de un tercero.
Luego de más de dos años de la promesa de tener gas más barato para todos los peruanos, anunciada durante la firma del contrato para el gasoducto sur entre el gobierno y el concesionario, el proyecto para concretarlo se cayó.
El gobierno peruano retiró la concesión de la construcción y operación del ducto para el sur del país, al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que integra Odebrecht, porque no lograron acreditar que tienen el financiamiento para ejecutar la obra.
Ayer venció el plazo para que el consorcio, conformado por Enagás, Odebrecht y Graña y Montero, concrete el cierre financiero. Existían negociaciones con al menos 20 bancos, nacionales e internacionales. Hubo el pedido de ampliación de plazo, no aceptado por el gobierno peruano.
Todo se complicó luego del escándalo que involucra a Odebrecht, cuyos directivos han confesado que realizaban sobornos para adjudicarse obras de infraestructura. La empresa brasileña estaba en negociaciones para la venta de su participación (la operación como en la construcción del proyecto), al fondo canadiense Brookfield. Pero los bancos le cerraron las puertas.
Los trabajos tenían un retraso de nueve meses. Hoy el gobierno ejecutará la garantía del cumplimiento que suma 262.5 millones de dólares en beneficio del Estado, informó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo. No hay fecha para reinicio del gasoducto sur, pero el gobierno tiene un año para licitar el proyecto en un escenario favorable.
PRESIÓN
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Diego Muñoz Nájar Rodrigo, opinó que frente a la lamentable noticia del estado del gasoducto, la salida es presionar desde la sociedad civil para que el gobierno no demore la licitación y retomen los trabajos avanzados.
Remarcó que corresponde a los gobernadores regionales del sur del país, unirse en un objetivo común demandando al gobierno nacional que fije un cronograma razonable para retomar el proyecto y realizar posterior seguimiento para que se cumpla.
Los empresarios también se sumarán a similar pedido ante el Ejecutivo, considerando que el año pasado se reunieron en Lima con los ministros de Estado donde hablaron del proyecto. «Nos dijeron que no nos preocupemos, que el proyecto es prioridad del Estado. Pediremos una reunión para conocer el cronograma para retomar el gasoducto”, dijo.
Para Muñoz el gas virtual no es la solución, para ser competitivos se necesita la masificación del gas para la industria y la población. Se estima que sin el gas el sobrecosto en la industria es de 40%. Tampoco respaldó la suspensión del cobro en los recibos de luz a favor del gasoducto, dijo que debía mantenerse el fondo pensando en el futuro.
El presidente de la CCIA apuntó que el destape de corrupción fue un ingrediente adicional que afectó gravemente al proyecto. También afectó al proyecto de la petroquímica.
REUNIÓN EN LIMA
La gobernadora de Arequipa y presidenta de la Mancomunidad de la Macrorregión del Sur, no habló sobre el destino del gasoducto. Su llegada a Arequipa procedente de Lima se retrasó por la suspensión de vuelos aéreos por mal clima.
A través de su área de prensa anunció que existirá un pronunciamiento conjunto de todos los gobernadores del sur. Hablarán con el ministro Tamayo, el 08 y 09 de febrero en el encuentro de gobiernos regionales y Poder Ejecutivo (GORE-Ejecutivo).
VIRTUAL SOLO PARA ALGUNOS
El ministro Tamayo anunció que la población de Arequipa, Tacna y Moquegua, tendrá gas “virtual”, trasladado en camiones, desde junio, que favorecerá a 11 mil hogares, como parte de las estrategias implementadas mientras se avanza en el gasoducto.
Sin embargo en Arequipa solo sería favorecida la mitad de la población. La empresa Fenosa que tiene la concesión para abastecer con gas natural al sur del país, informó que este año se favorecerían con el gas virtual 6500 hogares e incluye comercios, además de 20 industrias, entre otras empresas. Los primeros favorecidos son los distritos de: Cercado, Bustamante y Rivero, Sachaca, Cerro Colorado, Yanahuara y Cayma. En cinco años podría incrementar a 40 mil usuarios.
SUSPENDEN EL COBRO
El ministro Tamayo anunció ayer que el cobro en el recibo de luz por el gasoducto sur será suspendido para que el usuario “tenga algo más de dinero en su bolsillo”. No habló de devolución como estaban pidiendo algunos congresistas.
En Arequipa desde el año pasado a la fecha, 400 mil usuarios ya habían pagado 10 millones de soles para financiar el proyecto. El aporte se planteó para ir pagando la inversión que demanda la construcción, y la tarifa sea menor cuando opere el gasoducto.
Mientras que el Estado asumirá los costos de mantenimiento de las obras avanzadas del gasoducto, según el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores.
Durante el tiempo que demore la licitación – algunos analistas estiman que tomará entre 12 y 15 meses- las obras avanzadas (un 36,7% en general y 10,7% en la construcción y montaje del sistema de ductos, según se ha informado extraoficialmente) deben ser mantenidas.
“Los costos de este proceso seguramente correrán por cuenta del Estado pero estamos prestos a cautelar los mejores intereses del Estado en este proceso”, afirmó Tamayo.
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