Gobierno presenta estrategia para frenar la minería ilegal al 2030

Se busca golpear la cadena del crimen ilegal en el Perú.

El Ministerio del Interior presentó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, un nuevo marco que busca enfrentar esta actividad ilícita de manera integral y desarticular su cadena de valor, considerada una de las principales economías ilegales del país.

La iniciativa fue presentada por el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera, quien remarcó que el enfoque del estado ya no se limita al impacto ambiental de la minería ilegal, sino que reconoce su vínculo directo con el crimen organizado y su impacto en la seguridad nacional y la economía.

ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES

El documento, aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 03-2025-IN, contempla la articulación de 17 entidades públicas que trabajarán de manera coordinada para intervenir en cuatro fases clave del ciclo delictivo. Con ello, se busca superar la fragmentación de esfuerzos que ha caracterizado la lucha contra esta actividad desde 2014 y garantizar una presencia estatal sostenida.

Como parte de la estrategia, el sector Interior destacó avances operativos recientes, como el fortalecimiento del control en zonas críticas como Pataz y la implementación de centros de control multisectorial que permiten mejorar la vigilancia en tiempo real. Además, se ha reforzado el marco legal mediante el Decreto Legislativo n.° 1695, orientado a fortalecer la persecución penal y evitar la impunidad en delitos vinculados.

El plan también incluye una versión accesible del documento para facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía, en línea con una política de transparencia y participación de los actores sociales involucrados.

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EL PANORAMA ES COMPLEJO

No obstante, especialistas advierten que el desafío sigue siendo complejo. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señaló que la minería ilegal no puede combatirse únicamente desde las zonas de extracción, ya que responde a fallas estructurales en toda su cadena productiva.

En ese sentido, alertó sobre la falta de trazabilidad del oro, evidenciada en la brecha entre las exportaciones reales y las cifras oficiales. Actualmente, se estiman 208 toneladas exportadas frente a solo 104 registradas, lo que revela un importante volumen de origen ilegal. Esta actividad mueve alrededor de 12 mil 500 millones de dólares anuales, consolidándose como una de las economías ilícitas más rentables del país.

Valdés también advirtió sobre el denominado “efecto globo”, fenómeno por el cual las operaciones ilegales se desplazan hacia nuevas zonas ante la presión estatal. A ello se suma el incremento sostenido del precio del oro, que ha elevado los incentivos económicos para esta actividad.

ALGUNAS PROPUESTAS

Frente a este panorama, el especialista consideró necesario fortalecer la inteligencia, mejorar la regulación y avanzar en acuerdos internacionales que permitan controlar la demanda de oro ilegal. Asimismo, enfatizó la urgencia de contar con un marco legal definitivo que evite vacíos normativos como los asociados al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Pese a los retos, desde el gobierno se reafirmó una postura de firmeza frente a las organizaciones criminales. “El Estado peruano está presente y decidido a enfrentar la minería ilegal en toda su dimensión”, sostuvo el viceministro Olivera, al destacar que la estrategia apunta a una acción articulada y sostenida en el tiempo.

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