Gobierno promulga ley que otorga CTS y gratificaciones para CAS

Presidente Balcázar señala que en 60 días se elaborará el reglamento de la norma.

El Ejecutivo promulgó la Ley N.° 32563, que incorpora el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), a favor de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), una medida que marca un cambio relevante en el sistema laboral público.

El presidente José María Balcázar destacó que esta norma representa un avance en el reconocimiento de derechos laborales para miles de servidores del Estado. “Yo había sido de la idea de que el Estado con este sistema que mantenía a nivel nacional de los CAS, era un pésimo ejemplo para el empresariado privado porque se entiende que el Estado no podía recurrir a amenguar o quitar derechos fundamentales”, afirmó.

La norma establece que los trabajadores CAS recibirán dos gratificaciones anuales equivalentes a una remuneración mensual cada una, además del reconocimiento de la CTS calculada sobre el 100 % del salario por año de servicio, cuyo pago se efectuará al término del vínculo laboral.

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IMPLEMENTACIÓN

El mandatario indicó que en un plazo de 60 días se elaborará el reglamento correspondiente, el cual —según señaló— no debe alterar los derechos ya establecidos en la ley. Asimismo, sostuvo que la medida busca poner fin a la incertidumbre laboral que por años ha caracterizado a este régimen.

“Lo importante era terminar con esa situación de incertidumbre laboral”, expresó, al tiempo de señalar que el Estado debe ser el primero en garantizar condiciones laborales adecuadas.

La iniciativa había sido aprobada previamente por el Congreso con amplia mayoría y responde a una demanda sostenida desde años anteriores por parte de los trabajadores CAS, régimen creado en 2008 con carácter temporal, pero que se consolidó como uno de los principales en el sector público.

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CUESTIONAMIENTOS

Pese a su aprobación, la norma ha generado cuestionamientos desde diversos sectores técnicos debido a su impacto fiscal. De acuerdo con estimaciones especializadas, el costo anual de su implementación podría alcanzar los 3 mil millones de soles, lo que implicaría un aumento significativo del gasto corriente del Estado.

En ese contexto, el propio presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió que este tipo de iniciativas con gasto público deben ser evaluadas con criterios técnicos. “Se está debilitando al país”, señaló en referencia a medidas similares impulsadas recientemente.

Asimismo, la expresidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, sugirió la posibilidad de observar la norma o implementar la medida de forma gradual; sin embargo, el Gobierno decidió promulgarla.

SOBRE EL FINANCIAMIENTO

El Ejecutivo evalúa mecanismos de financiamiento, como posibles modificaciones presupuestarias internas o la solicitud de un crédito, con el objetivo de cumplir con la implementación de la norma sin comprometer la estabilidad fiscal. «Se tiene que prever en el presupuesto si requiere de nuestro propio dinero o en caso contrario con un crédito suplementario sería fácil”, señaló Balcázar.

La promulgación de esta ley marca un punto de inflexión en el régimen CAS, al ampliar derechos laborales, aunque también abre el debate sobre su sostenibilidad en el mediano y largo plazo dentro del erario nacional.

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