Impulsan parque minero para formalizar a mineros artesanales

Permitirá procesar mineral en instalaciones formales y bajo estándares ambientales.

Más de 15 mil mineros artesanales operan en zonas de Caravelí, Camaná y Condesuyos sin instalaciones formales ni estándares ambientales adecuados. Frente a ese panorama, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) presentó en Lima el proyecto del Parque Minero Metalúrgico de Chaparra como respuesta regional a la minería informal, durante el panel «Impacto de las economías ilegales en los derechos humanos» del 16° Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

SOBRE LA PROPUESTA

El proyecto, actualmente en etapa de perfil técnico, permitirá que alrededor del 60 % de esos mineros de Chaparra, Atico y otras localidades procesen sus minerales en instalaciones formales, bajo estándares ambientales y técnicos adecuados, con compensación justa por la extracción de oro. La iniciativa apunta a reducir los espacios donde operan redes vinculadas a la minería ilegal, promover la formalización de pequeños productores y generar una cadena productiva más transparente y competitiva.

La propuesta contempla una inversión estimada en 40 millones de dólares y se instalaría en un predio de titularidad del Gobierno Regional de Arequipa, con un área aproximada de 1,400 hectáreas en el distrito de Chaparra, en Caravelí, de concretarse el financiamiento.

El parque incluirá 20 plantas de beneficio polimetálico con una inversión de 20 millones de dólares, capaces de procesar 7,000 toneladas de mineral concentrado por día, entre ellos oro y cobre. Además, contempla la instalación de una central de generación eléctrica eólica de 20 megavatios con una inversión equivalente, lo que refuerza el enfoque de sostenibilidad del proyecto. 

El objetivo es fortalecer la competitividad y asociatividad de los pequeños productores de la región.

AVANCES EN FORMALIZACIÓN

Arequipa registra avances en formalización, según el GRA, 223 concesiones mineras fueron tituladas en las provincias de Caravelí, Camaná, Castilla, Condesuyos, Caylloma y Arequipa; más de mil 330 mineros capacitados en seguridad, salud ocupacional y normativa vigente; y 3 mil 213 ciudadanos en programas de fortalecimiento vinculados a energía y recursos naturales.

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MÁS ALLÁ DEL PROBLEMA AMBIENTAL

Durante el foro, los especialistas coincidieron en que la minería ilegal debe entenderse como un fenómeno de crimen organizado y seguridad ciudadana. Jane Anttila, jefa de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el Perú, señaló que las vulneraciones en estos contextos no son hechos aislados sino elementos estructurales, y que el sector minero formal es un aliado clave para enfrentarlos.

Paulo Vilca, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos, advirtió que la minería ilegal aurífera forma parte de una economía transnacional que incluye compradores, refinerías y mercados internacionales, y que el próximo Gobierno deberá definir su postura frente a la Ley MAPE y el Reinfo. «Se requiere una coalición política fuerte en este país para encontrar una alternativa a este problema», sostuvo.

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