Inclusión de minero formal en caso Atico genera controversia
Defensa sostienen que no hay pruebas directas que lo involucren.
A casi cuatro años de la masacre de Atico, ocurrida en junio de 2022, el proceso judicial continúa generando controversia tras la inclusión de empresarios mineros formales entre los investigados. El caso, que dejó trece mineros fallecidos, es actualmente tramitado en el Juzgado Colegiado de Camaná, quien abrió un proceso contra 56 personas, entre ellas el minero formal Jesús Baca Quispe.
Según la Fiscalía, Baca sería el brazo financiero de la organización Atico Calpa; sin embargo, la defensa sostiene que no existen pruebas directas que lo vinculen con los hechos. La defensa señala que el expediente no registra transferencias, comunicaciones ni coordinación entre el empresario y los presuntos autores materiales del crimen.
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Giuliano Delgado, defensa de Baca, afirma que los fondos incautados tienen sustento legal y respaldo en tres peritajes contables que acreditan la preexistencia del dinero. “Nunca he visto que a una persona que se le haya encontrado dinero se le abra investigación por lavado de activos”, indicó.
El caso también presenta irregularidades, como la inclusión de una supuesta cuarta arma no consignada en actas y el allanamiento equivocado de una vivienda en Lima. Asimismo, testigos protegidos han manifestado no conocer al acusado, debilitando la tesis fiscal.
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También indican que el día de los hechos el investigado se encontraba en la ciudad de Arequipa por el nacimiento de su hijo, lo que cuestiona su presunta participación. “Yo no he estado nunca en el lugar de los hechos. Yo pienso que eso se tiene que aclarar”, sostuvo el empresario.
Pese a ello, el proceso por lavado de activos y la prisión preventiva se mantienen vigentes. Actualmente, 39 personas continúan acusadas en un expediente que involucra tanto a mineros formales como a investigados por minería ilegal.
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