Manuel Burga jura inocencia en la Corte Suprema

 El encarcelado expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga, reiteró hoy ante la Corte Suprema su inocencia en el escándalo de corrupción de la FIFA, a fin de que el Poder Judicial rechace la solicitud de extradición presentada por la fiscalía de Estados Unidos, que le imputan tres delitos.

 

Burga se defendió de las imputaciones de la justicia estadounidense ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que hoy celebró la audiencia para evaluar el pedido de extradición, y cuya resolución emitirá en un plazo de cinco días laborables.

 

El expresidente de la FPF compareció mediante una videoconferencia desde la prisión de Piedras Gordas II, situada en Ancón, donde está recluido de manera preventiva desde finales de diciembre de 2015 a la espera de que se resuelva el pedido de extradición.

 

Burga argumentó que la solicitud no puede ser aprobada porque carece de pruebas para los tres cargos que se le imputan, que son asociación ilícita para cometer delincuencia organizada, fraude electrónico y lavado de activos desde 2009.

 

«No he cometido ningún delito. No he firmado ningún documento futbolístico en los Estados Unidos. Absolutamente nada que me pueda implicar. No tolero que se diga que soy un delincuente por el simple hecho de que un testigo eficaz me haya nombrado», afirmó Burga.

 

«No tengo nada que devolver. Nunca tuve una prueba en contra. Nunca hice nada incorrecto. El hecho de perder los partidos no me convierte en un delincuente, y mucho menos un delincuente en un país extranjero», agregó.

 

El expresidente de la FPF fue incluido en diciembre entre los 16 nuevos altos cargos y exdirectivos de la FIFA acusados por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción y de «secuestrar» el fútbol para enriquecerse durante 24 años.

 

La investigación por sobornos que presuntamente alcanzarían los 200 millones de dólares incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.

 

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