Cayma: 10 000 familias afectadas por litigio de 200 hectáreas
Vecinos de la parte alta de Cayma pidieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa defender terrenos públicos de invasiones. Más de 200 hectáreas, urbanizadas hace 20 años, son reclamadas por tres familias que alegan d
Vecinos de la parte alta de Cayma pidieron a la Municipalidad Provincial de Arequipa defender terrenos públicos de invasiones.
Más de 200 hectáreas, urbanizadas hace 20 años, son reclamadas por tres familias que alegan derechos de propiedad sobre estas.
Los dirigentes de las siete asociaciones de vivienda que representan a estas familias se manifestaron en la Plaza España, exigiendo que la Municipalidad Provincial de Arequipa respalde sus demandas.
Ellos señalan que el exalcalde Luis Cáceres Velásquez vendió las tierras a la empresa inmobiliaria El Pastoral, constituida por Elard Ballón, José Luis Castillo y Víctor Pérez Flores. Este último, sobrino del exburgomaestre.
Según explicó la presidenta de la asociación Mujeres con Esperanza, Judy Ortiz Macedo, la compraventa fue irregular.
La razón social que habría adquirido el predio se constituyó años más tarde, además, la transacción no se realizó a través de una subasta pública sino de forma directa a personas naturales.
Asimismo, tampoco existen comprobantes que acrediten la transferencia.
Ante las irregularidades, los pobladores lograron revertir los actuados y reinscribir la propiedad a nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).
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Municipio Provincial
Representantes de las 10 mil familias pidieron que el procurador de la MPA se apersone al proceso.
“Exijo al procurador que participe en esta audiencia. Son demasiado despreocupados en los temas legales de la municipalidad. No quisiéramos que se pierda este caso”, refirió Ortiz Macedo.
Además, señalaron que llevan más de una semana buscando entrevistarse con el funcionario pero, debido a las medidas sanitarias, no han sido atendidos presencialmente.
Las asociaciones comprendidas en las 200 hectáreas son Pioneros, tres zonas de Embajada de Japón, Cabrerías 1, Milagros y Talpata. El proceso retrasa su acceso a titulación, servicios básicos y créditos de vivienda.
Fuente: El Búho
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