Poder Judicial ordenó embargo de empresa de Nadine Heredia
Se procedió de esta manera ante el riesgo de transferencia del bien. El Poder Judicial decretó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre la empresa de repostería Bakery 180 E.I.R.L, la cual está vinc
Se procedió de esta manera ante el riesgo de transferencia del bien.
El Poder Judicial decretó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre la empresa de repostería Bakery 180 E.I.R.L, la cual está vinculada con Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala. La medida forma parte del proceso penal que se lleva a cabo por el caso Gasoducto Sur Peruano, relacionado a Odebrecht.
El juez Leodan Cristóbal Ayala adoptó esta decisión al aceptar la solicitud de la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato, la cual buscaba que se llevaran a cabo estas medidas cautelares sobre el emprendimiento que la esposa del exmandatario ha estado llevando a cabo desde julio del año 2020.
El magistrado ordenó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición por 7 mil 245 soles, lo cual representa el 100% de las participaciones que la imputada posee en esta empresa. Además, ha ordenado que se realicen los trámites correspondientes ante la SUNARP Lima para que se realice la anotación en el registro correspondiente.
En una resolución emitida el 21 de diciembre, Ayala determinó que estas medidas cautelares son adecuadas, necesarias y proporcionales, ya que son un mecanismo eficaz para garantizar los objetivos de la investigación y la posibilidad de compensar el daño causado a través del pago de una reparación civil. Además, las medidas buscan evitar que el bien en cuestión sea transferido o gravado, de manera que se pueda responder a la posible reparación civil que se establecerá en la sentencia definitiva.
DATO
Nadine Heredia también enfrenta un juicio oral por los presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales de su esposo Ollanta Humala en los años 2006 y 2011. El fiscal Germán Juárez Atoche ha solicitado que se les impongan penas de 26 años y medio y 20 años de prisión, respectivamente, acusándolos del presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado.
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