Proponen que nepotismo sea delito penal con 4 años de prisión
Lo planteó la congresista Mery Infantes. El nepotismo o la contratación de familiares cercanos en el sector público podría convertirse en un delito penal, sancionable hasta con cuatro años de prisión, de acuerdo a un pro
Lo planteó la congresista Mery Infantes.
El nepotismo o la contratación de familiares cercanos en el sector público podría convertirse en un delito penal, sancionable hasta con cuatro años de prisión, de acuerdo a un proyecto de ley presentado por la congresista Mery Infantes Castañeda, de la bancada de Fuerza Popular.
La congresista señala que, pese a que la ley prohíbe y sanciona esta práctica en el estado, sólo es sancionable por la vía administrativa y eventualmente por la vía civil, pero no en el ámbito penal.
En ese sentido, se propone modificar la Ley N° 267712, que norma este tema, para incorporar el artículo 381-A, a fin que el funcionario público con facultad de nombramiento y contratación de personal, que contrate o induzca a contratar “a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad (…) será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años”.
La prohibición se extiende a la suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de consultoría, y otros de naturaleza similar.
En la exposición de motivos se explica que, si bien la propia legislación peruana reconoce al Nepotismo como una práctica ilegal, debiendo ser castigada por quienes la cometen, dicho castigo se limita al ámbito básicamente de la responsabilidad administrativa y, eventualmente, civil, mas no la responsabilidad penal.
En efecto, agrega, quien incurre en nepotismo podría ser sancionado administrativamente (hasta con la destitución del cargo) y requerirse el pago de una indemnización por el perjuicio causado al Estado, sin embargo, no podrá imponerse una sanción penal, pues dicha mala práctica no es un delito tipificado en la ley penal.
¿Por qué convertirlo en un delito penal? La propuesta responde que las prácticas nepotistas afectan seriamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, a tal grado que faculta al estado a exigir civilmente una reparación a quien incurra en esta acción.
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