Partidos podrán contratar con dinero público a medios digitales para difundir propaganda

Disposición de la ONPE incluye a creadores de contenido e influencers.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha modificado el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios mediante la Resolución Jefatural 000137-2025-JN/ONPE, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Esta modificación incorpora importantes cambios que adaptan el sistema electoral a las nuevas realidades tecnológicas, destacando la inclusión de las redes sociales en la franja electoral.

Hasta ahora, la franja electoral solo se había limitado a los medios tradicionales de radio y televisión. Sin embargo, la resolución reconoce la creciente importancia de las plataformas digitales en la comunicación política. De esta manera, los partidos políticos que reciben financiamiento público indirecto (FPI) podrán utilizar redes sociales como canales válidos para difundir su propaganda electoral, al igual que ocurre con los medios tradicionales.

Los partidos recibirán una asignación económica para difundir sus mensajes electorales en hasta tres medios digitales diferentes, elegidos por ellos. Los spots en redes sociales tendrán una duración máxima de 30 segundos, similar a los de radio y televisión. 

Esta medida también amplía el acceso de los partidos políticos a una gama más amplia de proveedores de medios, que incluyen agencias de medios digitales, creadores de contenido e influencers, entre otros actores relevantes en el entorno digital. 

SOBRE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

Por otro lado, la resolución también introduce cambios en las prohibiciones para el uso del financiamiento público directo (FPD). La nueva normativa prohíbe que los partidos políticos utilicen estos fondos para contratar personas condenadas por delitos graves, como corrupción, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, entre otros. Esta medida también aplica a los directivos y afiliados de los partidos políticos que hayan sido condenados por delitos relacionados con el financiamiento de organizaciones políticas o la falsificación de documentos en procedimientos administrativos.

También se destacan las nuevas restricciones para la contratación de servicios en actividades de formación, capacitación e investigación. Las organizaciones políticas deberán evitar contratar bienes o servicios con directivos que tengan poder de decisión sobre el uso del FPD si están vinculados a personas con antecedentes judiciales relacionados con delitos electorales.

Con estas medidas, la ONPE busca garantizar que los fondos públicos sean utilizados de manera ética y transparente, asegurando que los recursos sean destinados exclusivamente a la promoción de propuestas legítimas y responsables. 

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