ONU concluye que la Policía empleó uso excesivo de la fuerza
La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de noviembre de 2020 en nuestro país concluyó que la Policía “hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza”
Las protestas iniciaron el 9 de noviembre como reacción frente a la destitución del presidente Martín Vizcarra.
En tanto, los sucesos más violentos se registraron el 14 de ese mes.
Ese día se registraron dos fallecidos y casi 200 heridos.
Las investigaciones se llevaron a cabo en Lima, del 17 al 22 de noviembre, las cuales concluyeron que los agentes policiales no hicieron distinción entre manifestantes pacíficos y una minoría que presuntamente actuó violentamente.
Michelle Bachelet, ex presidenta chilena y alta comisionada de la ONU para derechos humanos, recordó que la fuerza letal solo puede usarse para hacer frente a un peligro inminente de muerte o lesiones graves.
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Además, indicó que las denuncias de violaciones de derechos humanos en las protestas deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva.
“El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas, pero es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, expresó Bachelet.
Denuncias por parte de los asistentes
El informe también señaló que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron detenciones.
Este accionar contraviene las normas internacionales.
Esto provocó que algunos manifestantes denunciaran no haber tenido acceso a asistencia legal o hasta presiones para firmar declaraciones autoinculpatorias.
Varios entrevistados describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la COVID-19.
Por otro lado, diez de ellos manifestaron haber sufrido abusos físicos y otros ocho de tipo psicológico.
La misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.
Asimismo, denuncias de restricciones, amenazas y ataques a periodistas.
Así como a personas defensoras de derechos humanos que cubrían las protestas.
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