Presentan una nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo

La denuncia alcanza a los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero.

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo, así como contra sus exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por presuntos actos de corrupción en agravio del Estado. 

La denuncia fue formulada a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y se basa en hechos relacionados con presuntos pagos ilegales solicitados durante el mandato de Castillo a cambio de favores políticos y administrativos.

Según el Ministerio Público, Pedro Castillo habría solicitado dinero al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, como condición para mantenerlo en el cargo. Este hecho configura, para la Fiscalía, el presunto delito de cohecho pasivo impropio cometido por el expresidente en su calidad de máxima autoridad del Ejecutivo. 

A su vez, Geiner Alvarado, hoy también denunciado, habría solicitado dinero al empresario Sada Goray y Chong, representante de la empresa Markagroup, a través de Salatiel Marrufo Alcántara, ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda.

A cambio de ese pago, se habría ofrecido el reemplazo del presidente y los miembros del directorio del Fondo Mivivienda, así como el otorgamiento de 376 millones de soles asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Vivienda para financiar dicho fondo. 

El tercer implicado en la denuncia es Félix Chero, exministro de Justicia y Derechos Humanos, quien, según la Fiscalía, también habría solicitado dinero a Geiner Alvarado a cambio del reemplazo del superintendente nacional de la Sunarp, un pedido que este último había trasladado previamente al entonces presidente Castillo. 

Los tres exfuncionarios son señalados por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en los casos de Alvarado y Chero, y cohecho pasivo impropio en el caso del exmandatario. 

La Fiscalía ha remitido esta denuncia constitucional al Congreso de la República, que deberá evaluarla en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para determinar si se inicia el proceso correspondiente y, eventualmente, formular una acusación formal ante el Pleno.

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