Trece candidatos al Congreso por Arequipa con sentencias y juicios

Por Arequipa están en carrera electoral 102 candidatos que quieren asegurarse una curul en el próximo Congreso de la República. En la variedad de  aspirantes existen quienes tienen sentencias y juicios pendientes en el Poder Judicial y otros en etapa de investigación.

 

Según información consignada por los propios pugnantes en sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se presentaron 13 de estos casos en los 17 partidos políticos.

 

El postulante con el número 6 por la Alianza Electoral Solidaridad Nacional – UPP, Wilfredo Quispe Gutiérrez, consignó que fue condenado a tres años de prisión suspendida por el delito de hurto simple en el 2006, por tener una conexión clandestina en la casa donde vivía, siendo denunciado por la Sociedad Eléctrica.

 

Esta condena no fue impedimento para que vaya en las filas de la tienda amarilla, que tiene como candidato presidencial a Hernando Guerra García.

 

En las filas del partido de Todos por el Perú que postula para el sillón presidencial a Julio Guzmán, existe un postulante al Congreso que no pasa desapercibido por llevarse el récord de sentencias judiciales.

 

Leoncio Amudio Peña, número 2 de la “marea morada”, registró en su hoja de vida que tiene cinco sentencias en su contra por juicios de alimentos a sus hijos y familiares, que vienen desde el 2004 y otro nuevo que está pendiente de resolverse. 

 

Ya que se habla de juicios de familia, Fiorella Matos Angulo, candidata con el 4 por Perú Patria Segura, reveló ante el Jurado que tuvo cuatro procesos por violencia familiar (uno resuelto infundado) y otro por alimentos que está en proceso.

 

LEGISLADOR

Juan Carlos Eguren, congresista por Arequipa que quiere repetir el plato postulando con el número 1 por la Alianza Popular de Alan García, informó en su hoja de vida que cumplió con la sentencia que el 11 Juzgado de Lima le dictaminó el año pasado.

 

El parlamentario y los demás propietarios del edificio Costa Azul de Lima fueron sentenciados por no reconocer los beneficios laborales de un agente de seguridad al que cesaron del cargo. Eguren afirma que el caso sucedió antes de que adquiera la propiedad de su departamento, pero igual fue incluido en el juicio.

 

LOS DEMÁS

Mario Melo Villalba, quien pugna una curul con el número 2 por Peruanos por el Kambio (PPK), tiene una sentencia consentida y ejecutoria por una demanda contractual (deuda). 

 

Otro sentenciado es el número 1 de la lista congresal de Progresando Perú, Patricio Cari Apaza, por desalojo en el Juzgado Civil de Arequipa.

 

En el Frente Amplio de Verónika Mendoza también existe un candidato en esta situación. Carlos Vizcarra, que postula con el 3, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema en contra de una sentencia por difamación.

 

Miguel Vizcarra Pérez, pugnante con el número 1 por el partido Orden, consignó dos procesos de deuda por un bien hipotecado.

En Alianza Para el Progreso (APP), a Jorge Sumari Buendía la fiscalía le abrió investigación por presunto peculado.

 

En Acción Popular el candidato Miguel Román Valdivia tiene una sentencia absolutoria por negociación incompatible y su compañero Ángel  Ybarhuen Ortegal informó al Jurado que tiene denuncias penales en Cotahuasi por la desaparición de Hipólito Mogrovejo, quien debió ser su regidor (2010-2014).

 

Pendiente de fallo está el juicio penal en el Juzgado Unipersonal de Caravelí en contra de Camilo Cárcamo Mattos, número 3 por Fuerza Popular. Mientras que su compañero René Manrrique detalló en su hoja de vida que el proceso penal en su contra quedó archivado.

 

PEDIR INFORMACIÓN

El Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa 1 solicitó hasta el momento los antecedentes penales de cinco listas congresales, entre ellas Fuerza Popular, PPK y Solidaridad Nacional, para contrastar la información y detectar quiénes tienen sentencias consentidas que no informaron en sus hojas de vida.

 

El reglamento del JNE dispone que no pueden ser candidatos quienes  tienen una sentencia firme o procesos pendientes. Incluso, 10 días antes de las elecciones (10 de abril) pueden ser excluidos del proceso.