Tres generales son acusados por crímenes de guerra en Colombia

Responsabilizan a mandos por muertes y desapariciones entre los años 2000 y 2007. 

La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a tres generales retirados del Ejército colombiano y a otros 27 militares por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el departamento del Meta entre los años 2002 y 2007. Según determinó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los implicados habrían tenido responsabilidad en 209 asesinatos y 65 desapariciones forzadas ejecutadas durante uno de los periodos más críticos del conflicto armado en esa región del país.

Entre los imputados figuran los brigadieres generales Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, además del mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán. Todos ellos ejercieron cargos de mando en unidades militares con fuerte presencia en el Meta, incluyendo el Batallón de Infantería número 21 Pantano de Vargas, la Séptima Brigada y el Gaula Rural Meta, este último especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión. De acuerdo con la JEP, estas estructuras militares operaban en medio de la consolidación del paramilitarismo, etapa en la que se establecieron relaciones estrechas entre miembros del Ejército y el Bloque Centauros de las AUC.

La sala obtuvo testimonios de antiguos jefes paramilitares como Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel; Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata; y Luis Arango, alias Chatarro. Sus declaraciones ayudaron a establecer cómo funcionaba la coordinación entre actores militares y estructuras armadas ilegales. Estos relatos fueron clave para el caso 03, centrado en los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, conocidos en colombia como “falsos positivos”.

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