Al mes alrededor de 35 personas piden garantías para sus vidas

La prefectura de la región recibe cada mes, alrededor de 35 pedidos de garantías para personas que ven amenazadas sus vidas. 

El titular regional de esta institución, Daniel Lozada, señaló que el 80% de solicitudes están referidas a violencia familiar e involucran generalmente a mujeres, que son amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas.  

El 20% restante apunta a pedidos por problemas “vecinales” o de convivencia donde los demandados son dirigentes de asociaciones de asentamientos humanos o de invasiones que se niegan a dejar cargos o que fueron usurpados. 

“La cantidad de garantías se mantiene en los últimos años. Sin embargo, se ha visto un notable incremento en los pedidos por violencia familiar”, señaló la autoridad política. 

Este proceso no es inmediato, tarda según la carga de expedientes en promedio una semana. En ese lapso el solicitante debe acreditar con pruebas que su vida corre riesgo. La contraparte es citada para confrontar con su demandante a través de un proceso de conciliación. De comprobarse que existe peligro inminente para la persona que hace la denuncia, la garantía personal es consentida. 

Esta medida está orientada a prevenir amenazas y hostigamiento que atenten contra las libertades y derechos fundamentales de las personas. Lozada explica que se conmina al denunciado a cesar las amenazas y mantenerse alejado del denunciante. Ello marca un precedente o prueba en caso se proceda a plantear una denuncia penal contra el agresor.

NO PROCEDEN

Lozada explicó que del total de pedidos de garantías por violencia familiar el 90% son otorgadas, mientras que en los casos de mala convivencia y usurpación dirigencial, solo se consciente el 70% de estas. Ello debido a que no se entregan las pruebas suficientes que acrediten la amenaza de vida.