Arequipa arrastra siete conflictos sociales

 

La región inicia el 2018 arrastrando siete conflictos sociales que esperan pronta solución durante este año, según informe de la Defensoría del Pueblo.

Tres de estos conflictos son activos y están relacionados al problema en el valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María, la  formalización de los mineros artesanales y los reclamos de la población de Caylloma para tratar diversas problemática (Majes Siguas II, la represa de Angostura, el asfaltado de la vía Vizcachani a Orcopampa y la conformación de un fondo minero).

 

El otro se encuentra latente y se originó en la comunidad campesina de Umachulco, distrito de Cayarani (Condesuyos), que solicita la reformulación del convenio de servidumbre con la empresa Buenaventura.

 

Mientras que hay tres conflictos multirregional que involucran a Arequipa. Un conflicto con Moquegua por la dotación de agua de la represa de Pasto Grande, con Cusco que exige la suspensión del proyecto Majes – Siguas II, y con Puno que presentó una medida cautelar para suspender la licitación de la represa de Paltuture.

Con estos problemas, Arequipa se encuentra en undécima ubicación entre las regiones del país donde se presentaron problemas sociales. Son 167 conflictos (114 activos y 53 latentes), siendo Ancash la región con más problemas. Se reportan 27 casos. Le sigue Puno (15), Apurímac (13) y Cusco (12).

 

ACTIVOS Y LATENTE

El conflicto social en el valle de Tambo (Islay) se originó por el temor de la población que su agricultura y medioambiente queden afectados con la operación del proyecto minero Tía María, de la empresa cuprífera Southern Perú. Desde agosto del 2009 empezaron las protestas y recientemente, 2015, volvieron a avivarse con consecuencias fatales. Este problema antiminero generó enfrentamientos entre los pobladores y Policía, contándose siete lamentables muertes.

 

Los representantes de Southern proyectaron que este año obtendrán la licencia de construcción de su proyecto cuprífero. Son mil 400 millones de dólares de inversión estimados en Tía María. Sin embargo, pese a que la empresa viene aplicando un plan de socialización en la zona de influencia, persiste la oposición de pobladores y autoridades.

Otro conflicto activo es el caso de pequeños mineros y mineros artesanales informales, quienes solicitan al Estado se les proporcione facilidades para seguir operando, mientras dure el proceso de formalización. En tanto, en otro caso, los cayllominos exigen tratar con el Ejecutivo y el Gobierno Regional sobre la ejecución del proyecto Majes Siguas II, la represa de Angostura, la conformación de un fondo minero, entre otros puntos. Hay mesas de diálogo donde se están buscando soluciones.

 

El conflicto con la comunidad de Umachulco está actualmente latente, pero podría reactivarse en cualquier momento, según advierte la Defensoría. Los pobladores exigen que se reformule el convenio con la minera Buenaventura y que se invierta más en proyectos de desarrollo.

 

GRANDES PROYECTOS

Otro de los conflictos más fuertes que tiene nuestra región es por la construcción de la represa de Paltuture, obra que permitiría asegurar el abastecimiento del recurso para el valle de Tambo y Moquegua, ampliando la frontera agrícola. El Ejecutivo había lanzado el proceso de licitación para la ejecución del proyecto, sin embargo, Puno lo paralizó al presentar una medida cautelar argumentando que el proyecto también está en su territorio.

 

Las autoridades, agricultores y juntas de usuarios del valle de Tambo solicitaron a la Autoridad Local de Tambo – Alto Tambo que les otorgue no parte sino la totalidad de los 8,2 hectómetros cúbicos de agua de la represa de Pasto Grande que les corresponde en época de estiaje. Pero, como ocurre todos los años, suelen negarlo.

 

Finalmente, Cusco es otra región con la que Arequipa tiene problemas. Los cusqueños exigen que se suspenda el proyecto Majes – Siguas II, pero por ahora las obras siguen su curso normal.