Arequipa: más de 200 fiscales garantizarán el normal desarrollo del proceso electoral
Las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP) coordinan acciones para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral del domingo 6 de junio.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Santiago Irigoyen Díaz, señaló que son más de 200 fiscales en toda la región que participarán en más de 60 operativos para verificar el cumplimiento de la Ley Seca y el retiro de propaganda electoral, con la finalidad de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.
Los fiscales estarán atentos ante cualquier eventualidad que genere su intervención y participarán de diversos operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
Este anuncio se da después de una reunión entre distintas autoridades del Ministerio Público y la PNP, organizada por Irigoyen Díaz, en la que participaron el jefe de la Novena Macrorregión Policial, Víctor Zanabria; la fiscal superior coordinadora de Enlace, María del Rosario Lozada Sotomayor; entre otras autoridades y fiscales.
Como medida de contingencia, ante posibles escenarios de riesgos de comisión de delitos, se ha previsto el suficiente resguardo policial en puntos estratégicos de la ciudad para las acciones de control de orden público.
Sanciones
Según indica la Ley Orgánica de Elecciones, en el Artículo 390, la prohibición para el funcionamiento de establecimientos destinados exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas, o mejor conocida como Ley Seca, entrará en vigencia desde las 8:00 a. m. del sábado 5 de junio, y durará hasta la misma hora del 7 de junio.
De incumplir esta disposición, la persona será sancionada con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y una multa no menor a S/ 2790.
Respecto a la prohibición de la propaganda electoral, la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 389, señala que la persona hallada culpable del incumplimiento de la medida será reprimida con pena privativa de la libertad no menor a dos años.
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