Buscan eliminar la defensa privada con fondos públicos

Según datos del Congreso, más de 6 millones de soles fueron destinados en los últimos tres años para cubrir defensas legales particulares de altos funcionarios del sector público, estos incluyen procesos penales por corrupción o abusos de poder. 

Frente a esta situación, las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque han presentado iniciativas legislativas que buscan modificar la Ley del Servicio Civil y la Ley del Servicio de Defensa Pública. 

Ambas propuestas coinciden en prohibir que el Estado siga asumiendo costos de defensa privada, y plantean que el patrocinio legal de los funcionarios sea asumido por el Servicio de Defensa Pública, sin excepciones ni privilegios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente, el artículo 35 de la Ley 30057 establece que la defensa y asesoría legal de los funcionarios públicos se financia con recursos de la entidad estatal correspondiente. Sin embargo, esta disposición ha sido utilizada por exministros, altos mandos policiales y otros servidores con procesos abiertos para contratar abogados privados a costos elevados, sin regulación ni límites presupuestarios.

Según la propuesta de Luque, es necesario que cada sector realice una evaluación previa para determinar si la contratación de defensa legal privada afecta el interés público. La falta de un filtro adecuado genera una distorsión en el principio de igualdad ante la ley, ya que no todos los ciudadanos cuentan con este beneficio.

LIMITE DE DEFENSA

El proyecto de Susel Paredes propone modificar la Ley 29360 para que el Servicio de Defensa Pública asuma el patrocinio legal de los servidores civiles, incluso después de finalizado su vínculo laboral. Se exceptúa la evaluación de capacidad económica como criterio de acceso. A su vez, se prohíbe expresamente la contratación de defensa legal privada con fondos estatales.

Por su parte, Ruth Luque plantea la creación de una “División Especializada en Causas seguidas contra Funcionarios Públicos” dentro del mismo servicio estatal, con defensores públicos capacitados para asumir los casos. Su propuesta también señala que, si se demuestra responsabilidad en el proceso, el funcionario deberá reembolsar el costo de su defensa al Estado.

Ambas propuestas coinciden en eliminar los privilegios económicos que actualmente benefician a altos funcionarios y en fortalecer el sistema público de defensa legal. Se busca evitar el uso desmedido de fondos estatales en la contratación de abogados privados y promover un modelo de patrocinio más equitativo y transparente, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y eficiente.

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