Choquehuanca afirmó que pena de muerte no se puede aplicar en Perú
30 de octubre de 2017
La ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca de Villanueva, afirmó que la pena de muerte no se puede aplicar en el país debido a los tratados internacionales de derechos humanos a los que está sometido. Sin embargo, precisó que el legislativo puede debatir esta iniciativa y recién su ministerio emitirá opinión a favor o en contra.
“El Perú tiene asumido un compromiso de no plantear la pena de muerte, pero lo que sí se debe hacer es endurecer las penas por estos delitos. No es posible que una persona que viola pueda apelar su sentencia de 8 años máximo”, dijo.
Planteó ampliar la pena a 25 años de cárcel para los violadores. Propuesta que será tratada en la Comisión de Alto Nivel integrada por la premier, nueve ministros, articulados a los sectores de justicia y la fiscalía.
Anunció que el Gobierno tiene encaminado el incremento de presupuesto para la prevención de la violencia familiar y sexual, de tal forma que se intensifiquen los programas en colegios donde es necesario que los niños se concienticen sobre el cuidado de su cuerpo.
Fue la presidenta de la Comisión de la Mujer, Janet Sánchez, quien se mostró a favor del debate de la pena de muerte, ante los recientes casos de abuso sexual que han sufrido menores de edad.
Consideró que es necesario buscar una salida legal y viable, pese a los acuerdo de derechos humanos, para que se aplique la pena capital contra los violadores de niños y niñas.
Una de las primeras en reaccionar en contra de la pena capital fue la congresista Marisa Glave, quien señaló que la mejor solución es la “educación en libertad”, antes que una solución simplista.
CIFRAS
En la Corte Superior de Justicia de Arequipa entre los años 2015, 2016, hasta julio del 2017 se han tramitado 660 expedientes por violación contra la libertad sexual, es decir entre víctimas mayores y menores de edad.
De este registro se ha visto un total de 376 expedientes en agravio de víctimas menores de edad, de las cuales 105 corresponden al 2015, 145 al 2016 y 126 hasta julio del presente año. Lo que demuestra que más del 50% de las violaciones fueron en agravio de niños, niñas y adolescentes.
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