Regionales

Colaboradores eficaces aportan 209 pruebas nuevas en caso vía Arequipa – La Joya

29 de octubre de 2019
Actualizaron expedientes para reiniciar obras.

En más de dos mil folios están contenidos un total de 209 elementos de pruebas nuevos indiciarios del delito de colusión agravada, por el cual se investiga al el expresidente del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Juan Manuel Guillén Benavides, y 19 exfuncionarios al haber presumiblemente concertado los términos de referencia de la licitación de la segunda etapa de la carretera Arequipa – La Joya en el año 2013 en favor del consorcio peruano-español, Ingeniería Arequipa.

Se había fijado la fecha de instalación del juicio oral contra Guillén y sus exfuncionarios para el lunes, sin embargo se frustró debido a que el Ministerio Público presentó más de 200 medios de prueba recientemente obtenidos de cuatro colaboradores eficaces, entre ellos funcionarios del GRA.

Además, las defensas de los ciudadanos españoles investigados en el caso pidieron ser notificados en su domicilio real de España. Alegaron la necesidad efectuar su derecho a defensa a través de videollamadas.

Respecto a las nuevas pruebas, el juez unipersonal supraprovincial para casos de corrupción de funcionarios de la Corte de Justicia de Arequipa, Max Vengoa Valdiglesias, informó que las mismas fueron presentadas en dos partes: la primera el 1 de octubre y la otra el 25 del mes en curso.

El Ministerio Público busca incorporar los más de dos mil folios con la carga probatoria al proceso, cuya etapa de investigación culminó hace dos años.

El magistrado dispuso el traslado de la documentación a las defensas de los imputados, otorgándoles un plazo de 28 días hábiles para que la información pueda ser analizada y debatida en audiencia fijada para el próximo 09 de diciembre del presente año, diligencia en la cual definirán qué nuevos medios probatorios serán incorporados al proceso que es considerado complejo por el número de imputados y por la cantidad de documentación que deberá ser analizada.

Frente a las dificultades presentadas para la notificación de los procesados que viven en España y que por diversas razones no pueden concurrir a las diligencias, el juez Max Vengoa dispuso que su participación sea mediante videollamada o haciendo uso de cualquier otro medio tecnológico que facilite la comunicación, disposición que concordada con los abogados defensores.

Las penas propuestas para los procesados oscilan entre 4 y 9 años de pena privativa de la libertad, la inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de una reparación civil de 50 millones de soles.
En el caso específico de Juan Manuel Guillén, le correspondería supuestamente 4 años y medio, de someterse a la conclusión anticipada alcanzaría una pena suspendida.

El expresidente regional a su salida de la sala manifestó sentirse mortificado por la dilatación para el inicio del juicio oral. “Hemos concurrido a todas las diligencias y obligaciones que el proceso impone. Desde el comienzo nos hemos allanado a todas las citaciones durante la investigación preliminar, la etapa intermedia, las he cumplido todas”.

Consideró que se debe actuar con la misma rigidez con la que se le investiga a la exgobernadora regional Yamila Osorio. “Todos somos iguales ante la ley y merecemos el mismo trato”.

Descartó toda participación política al estar abocado a resolver las situaciones judiciales en la que se le ha involucrado.

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