Contraloría investiga a gerente de Educación y de las UGEL
28 de marzo de 2018
La Contraloría General de la República abrió procedimientos administrativos sancionadores en contra del gerente regional de Educación, Guido Rospigliosi Galindo y los directores de las diferentes Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel), por no aplicar descuentos a los docentes que no hicieron clases por acatar la huelga indefinida ocurrida el año pasado. En la investigación también se pretendería incluir a la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado.
Hace un mes el órgano de control hace un mes notificó a los funcionarios y directores sobre la apertura del proceso administrativo. Cuestionan que pese a que el entonces premier, Fernando Zavala, dio la orden de aplicar los descuentos a los maestros que acataron la huelga de julio del 2017, no se cumplió en Arequipa. Fue la misma Osorio Delgado quien no dio dicha orden.
Esta situación habría sido advertida por la Oficina Regional de Control Interno que emprendió las indagaciones al respecto. Arequipa es la única región en el país donde se abrieron estos procesos por omitir ejecutar las sanciones a los maestros.
El gerente Rospigliosi Galindo confirmó que efectivamente les están siguiendo dichas indagaciones; sin embargo, las consideró exageradas porque no existe sustento ya que una vez terminada la protesta, el Ministerio de Educación ordenó devolver los descuentos aplicados debido a que los maestros recuperaron las horas perdidas.
“El punto de ellos (dicen) que hay un perjuicio para el Estado en términos presupuestales. Pero el mismo Ministerio devolvió los descuentos, ¿Dónde hay perjuicio? Porque todos recuperaron los días no laborados”, expresó el funcionario.
La Contraloría ordenó a la GREA abstenerse de iniciar procedimientos sancionadores en contra de los directores de las UGEL. Este pedido se da para evitar la posibilidad de que por esta situación (no aplicar descuentos) los directivos sean investigados internamente y sancionados con medidas benevolentes para ya no ser investigados por el órgano de control.
Rospigliosi sostuvo que existe temor en que sean sancionados por una presunta falta. En la mayoría de los procedimientos administrativos que concluyen con sanción, se aplicaron inhabilitación para ejercer cargos públicos por cierto tiempo. Esta situación podría afectar a los que están incluidos en las indagaciones.
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