Contraloría: Municipalidades habrían pagado por servicios incumplidos
En el caso de Cerro Colorado, otorgaron hasta diez ampliaciones al contrato generando pagos extras a la empresa.
En los municipios de Tiabaya y Socabaya se habrían pagado por servicios a empresas, pese al incumplimiento de sus obligaciones según contrato, mientras que en Cerro Colorado se dieron hasta diez ampliaciones de plazo a la empresa que trabajaba en semaforización y señalización que causaron perjuicio económico por más de 300 mil soles a la entidad, de acuerdo a informes de la Contraloría.
En el distrito de Cerro Colorado, en el 2012 se convocó a una licitación para mejorar y ampliar la semaforización y señalización vial en las vías principales del distrito cerreño, por un monto de 5 millones 255 mil soles aproximadamente y los trabajos se debería ejecutar en 205 días calendario, sin embargo, no se concluyeron sino hasta el 2019, debido a que se le otorgó hasta diez ampliaciones de plazo.
Estas irregularidades cometidas en la gestión del exalcalde, Manuel Vera, con la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones S. A. generaron el reconocimiento de pago de mayores gastos generales en favor de la contratista y un perjuicio económico a la entidad municipal que llegó a los 317 mil 086,03 soles.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Tiabaya contrató los servicios de una consultora para la elaboración de tres estudios de preinversión que permitan mejorar la transitabilidad en diversos sectores del distrito, mediante contratación directa, transgrediendo la normativa de contrataciones del Estado, que señala se debe hacer una convocatoria a las empresas interesadas.
El hecho ocurrió en el 2018, pero no solo se generó la contratación irregular, sino que a consultora Glacia Sara Sánchez Montesinos, ni siquiera habría cumplido con los términos de referencia; asimismo, se pagó la totalidad de los servicios, pese al incumplimiento de sus obligaciones contenidas en las órdenes de servicios, lo cual afectó la legalidad y la correcta administración de los fondos públicos.
En Socabaya, se contrató al Consorcio Campiña para la ejecución de los muros de contención en la urbanización La Campiña en el 2017. Sin embargo, según informe de la OCI, los servidores de la entidad investigados no absolvieron consultas efectuadas por el supervisor de obra, además de haber otorgado conformidad a partidas que no se ejecutaron conforme lo establecido en los planos de obra, a trabajos del expediente adicional antes de su aprobación, así como al expediente adicional y deductivo que presentaba deficiencias, lo que ocasionó afectación a la correcta administración pública y perjuicio económico de 24 mil 991,57 soles.
Finalmente, en otro informe elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Caylloma se habrían cometido irregularidades en la compra de alimentos para la canasta entregada para familias vulnerables como consecuencia de la COVID-19.
Allí se determinó que la compra se hiciera directamente a un proveedor, pero no por parte de la Oficina de Logística como señala las normas de contrataciones del Estado, sino por una Resolución de la Alcaldía, que preside Álvaro Cáceres Llica. El monto ascendió a los 50 mil soles y en esa oportunidad se denunció que los alimentos, como el atún, tenían fechas vencidas y en mal estado, denuncia que investiga el Ministerio Público.
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