Contraloría vuelve a poner en su mira licitación del Viaducto de Salaverry

La Contraloría General de la República ha vuelto a poner en la mira el proceso de licitación llevado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que por encargo de la comuna provincial de Arequipa tuvo la tarea de seleccionar a la empresa que ejecutaría el proyecto Viaducto de Salaverry en el 2017. 

Carlos Perea, gerente de Asesoría Jurídica, informó que el grupo fiscalizador notificó a regidores y funcionarios que llevaron el proceso, asunto que finalmente fue desestimado por faltar a ciertas normas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

Según explicó el funcionario, mediante un documento la entidad requirió otorgar explicaciones del por qué se llevó a cabo un proceso que no tenía un informe legal y pidió a su vez descartar o no que tal proceso, al haber sido vetado de manera rauda cuando el grupo internacional ya tenía un ganador, podría causar alguna acción legal o un pago de garantía o perjuicio en contra del Estado y la comuna. 

Según Perea se cuestiona que los regidores no tuvieron toda la información necesaria para aprobar el proceso en una sesión de concejo. Pero de acuerdo al funcionario municipal no era necesario entregarse toda la información debido a que se debatió el tema en una sesión extraordinaria, en donde se iba a tratar y debatir el tema. 

“Se hizo el dictamen, se consideró que era favorable, luego pasó a secretaría general, la gerencia municipal entrega información a los regidores, se saca juego del informe de gerencia municipal y gerencia legal por eso los regidores tienen que declarar la verdad porque ellos tuvieron a la vista los documentos”, indicó el funcionario. 

Perea señaló que por el momento la acción de investigación es una acción de hallazgo que aún no determinaría ninguna responsabilidad. Los funcionarios municipales tendrán que otorgar sus descargos en los siguientes días. 

Respecto al tema monetario y las acciones legales que podría tomar la OIM, señaló que el ente tuvo que haber cumplido la labor de orientador, hecho que no cumplió y que desestimaría la posibilidad de que la comuna pueda otorgar un pago, que podría superar los 830 mil soles, producto del incumplimiento de convenio. “Dicen, ¿podría a la municipalidad generarle un perjuicio, debido a que la OIM podría cobrar una reparación de 830 mil soles? Pero están hablando de una posibilidad que nosotros, de suceder, no vamos a permitir. Aunque para nosotros todo está zanjado con la OIM, aunque si ellos quieren efectivizar ese monto eso no significa que la municipalidad vaya a perder”, indicó Perea. 

DATO

Cabe señalar que los únicos regidores exentos de esta investigación son Carlos Cucalón, Christian Talavera y Rainner Zegarra.