Dan seguridad a Cavero y colaboradores por amenazas

Un informe de inteligencia revelado este fin de semana por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) dejó al descubierto un posible atentado contra la vida del exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa, José Luis Cavero Astete.
La amenaza habría sido advertida después del internamiento de Cavero en el Penal de Varones de Socabaya, la madrugada del 7 de abril. El juez Eddy Leva Cascamayta dispuso orden de prisión preventiva por 36 meses al imputado por el delito de tráfico de terrenos en la asociación de vivienda Jardines de Chachani, ubicada en el distrito de Cerro Colorado.
Los enemigos del exfuncionario temerían que, como se dice en el argot policial, pueda “cantar”, es decir, brindar información de otros personajes de su entorno involucrados en el presunto tráfico de terrenos.
Trascendió que el procesado y los otros cinco personajes sindicados por la Fiscalía como cabecillas de la organización: William Marcelo Merma Valencia, quien era el presidente de la Asociación de Vivienda Jardines de Chachani, su hermano Pepe Merma Valencia, Leandro Castañeda Peña, Beneraldo Paricahua Ramos y Gabriela Victoria Córdova, permanecen en el área de clasificación del penal.
En los próximos días el Inpe decidirá el pabellón dónde los procesados cumplirán la medida de restricción de su libertad. Según lo calculado por el magistrado Leva, hasta el 19 de marzo de 2021.
Lo más probable es que sean recluidos en el pabellón “A” de reos primarios, al no tener antecedentes penales.
Ante el panorama y en salvaguarda de la integridad del “Negro”, como muchos conocen a José Luis Cavero, se dispuso que agentes de seguridad del centro penitenciario brinden vigilancia continua al imputado.
En tanto, el jefe de la Región Policial de Arequipa, coronel PNP Óscar Rodríguez Valles, confirmó que los colaboradores eficaces del caso, actualmente en libertad, cuentan con resguardo policial las 24 horas del día, tras las diversas amenazas de muerte que recibieron durante la audiencia.
La declaración de Goyo Ordóñez Araujo, Luis Valencia Huamaní y Yuli Curichimba Ruiz, favoreció la tesis de la Fiscalía y comprometió aún más al resto de procesados. Los tres tienen medidas de protección debido a las amenazas, lo que sirvió para confirmar que en el caso también existe peligro de obstaculización.
El primero en colaborar con la justicia fue Goyo Ordóñez, otrora hombre de confianza de William Merma Valencia y fiscal de Jardines de Chachani. En el segundo día de la audiencia se conoció su decisión de ser aspirante a colaborador eficaz. Es así que en su declaración confesó ante la fiscal especializada en Crimen Organizado, María Alejandra Cárdenas, las actividades relacionadas al tráfico de terrenos en la que habría participado William Merma y otros personajes.
Tras esta revelación Ordóñez fue separado del resto de procesados por temor a su integridad. Incluso durante la audiencia estuvo apartado bajo vigilancia policial.
Otra testigo clave fue Yuli Curichimba, extesorera de la organización, quien indicó que William Merma usaba el dinero de las cuotas sociales para reunirse con autoridades.
Por su parte, Luis Valencia, reconoció la existencia del tráfico de terrenos y que él era encargado de efectuar los desalojos a las personas que no querían aportar a la asociación.
DATO
Rodríguez Valles informó que el Servicio de Inteligencia de la Policía tiene en la mira a más asociaciones involucradas en el tráfico de terrenos. Adelantó que se prevé la realización de un nuevo operativo para desbaratar esta ilegal actividad.
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