Defensor del Pueblo: Es un retroceso no aplicar currículo
14 de marzo de 2018

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, mostró su preocupación al estar el Ejecutivo impedido desde hace unos años de implementar el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, el cual brinda un enfoque de igualdad de género.
La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió una medida cautelar al colectivo “Padres en acción” que suspende parcialmente que se aplique este enfoque de género.
“Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestra interacciones”, dice la resolución judicial.
Al respecto, el defensor del Pueblo calificó esta suspensión como un retroceso que va en desmedro de los derechos de los niños y de un enfoque de igualdad de todas las personas.
“Es un retroceso (la suspensión), necesitamos que esta currícula se implemente porque los derechos son conceptos y estos conceptos solo se pueden incorporar en la medida en que se conozcan y se difundan”, detalló.
Agregó que la población debería leer y entender que no existe afectación de los derechos, labor que es responsabilidad del Ejecutivo exponer y explicar los alcances de este diseño educativo.
Por otro lado, Gutiérrez Camacho no dudó en evidenciar que el Gobierno tiene una tarea pendiente para darle solución a los conflictos sociales existentes, uno de los cuales es por el proyecto minero Tía María, en el valle de Tambo.
SIN PRESUPUESTO
Gutiérrez participó ayer en el Encuentro Regional de Mujeres “Por la igualdad y no violencia contra las mujeres”, organizado por el GRA. En su intervención precisó que el Estado no asigna presupuesto específico a los gobiernos locales, regionales y ministerios para el cumplimiento de metas del Plan Nacional Contra la Violencia de Género (PNCVG) 2016 – 2021, lo que no permite un trabajo coordinado y eficaz para la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. El estudio advierte que el PNCVG nace sin presupuesto específico; en consecuencia, las acciones se ejecutan con cargo al presupuesto general de cada institución. Los gobiernos regionales de Arequipa, Callao, La Libertad, Lima y Loreto han dispuesto hasta el 1% de su presupuesto a las acciones en favor de mujeres e integrantes del grupo familiar.
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