Defensoría cuestiona inmovilización los domingos y pide reenfocar estrategia
Consideran que la medida -que ya fue probada- no dio resultados y volverla a aplicar no resulta correcto.
La Defensoría del Pueblo cuestionó el retorno a la inmovilización obligatoria los domingos dispuesta por el Gobierno para frenar el avance de la COVID-19 y pidió al presidente Martín Vizcarra «reenfocar la estrategia de la lucha contra la pandemia y sus efectos colaterales».
En una extensa carta dirigida al mandatario, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que es preocupante que la reciente decisión del gobierno «de restaurar las restricciones de derechos que ya se habían levantado» como «la cuarentena total los días domingos» se haya tomado «sin una debida motivación que evalúe su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en disminuir la propagación del virus».
Tras mencionar que dicha medida «ya se implementó y se probó fallida en sus objetivos», Gutiérrez indicó que todo Estado que restrinja derechos «tiene la carga de probar que la afectación con ello ocasionada no es más perjudicial que el beneficio obtenido».
«La ciudadanía tiene derecho a saber si esta decisión se respalda en la mejor evidencia científica y a su vez, conocer qué otras alternativas se evaluaron», dijo.
FALTA DE INFORMACIÓN
El defensor indicó que cinco meses después de la adopción de «medidas extremas» para frenar el contagio de la COVID-19, «nos encontramos en el momento más crítico de la pandemia» con el sistema de salud colapsado y «una extendida» crisis social y económica. Además, con cifras de contagios y fallecimientos que colocan al Perú «como uno de los países con peores resultados en la lucha contra la COVID-19 a nivel mundial».
Según Gutiérrez, este «lamentable escenario» es resultado «de la clara deficiencia en la capacidad de gestión del Estado, en todos sus niveles de gobierno, particularmente en el regional». Además, señaló «una falta de información pública relevante, accesible, confiable y de calidad, brindada a la ciudadanía sobre el real impacto de esta crisis en la vida de las y los peruanos».
«El incumplimiento del deber de las entidades estatales de suministrar información confiable para la toma de decisiones de las personas sobre su salud, como la ubicación de balones de oxígeno, los precios de los medicamentos o la disponibilidad de las camas UCI […] ha menoscabado la confianza en sus autoridades y ha dificultado evaluar la efectividad de las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia», afirmó.
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