Defensoría: el ciudadano será el vigilante de los procesos electorales

“Los ciudadanos tienen que cumplir un importante rol en estas elecciones y vigilar que los recursos públicos no sean utilizados en campañas políticas y si así sucediera y es testigo de un hecho que considere que no es correcto, entonces puede presentarnos la denuncia que nosotros haremos las investigaciones necesarias y las canalizaremos ante las entidades correspondientes”, añadió.

También hizo un llamado a las autoridades para que respeten el principio de neutralidad y las leyes electorales y evitar conflictos posteriores. Igualmente anunció que hoy se estará reuniendo con los integrantes de la Comisión Regional de Lucha contra la Corrupción que preside el Poder Judicial para identificar donde se pueden presentar los principales problemas y generar una agenda de trabajo al respecto.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo en Arequipa presentó su informe anual de trabajo, luego de recibir a más de 3 mil 800 ciudadanos con quejas, denuncias, consultas, entre otros, y de acuerdo a las estadísticas obtenidas, las municipalidades provinciales y distritales fueron las entidades más quejadas.

Las personas consideraron que no fueron atendidos de la manera correcta o que sus requerimientos de información no fueron absueltos como debieran, comenzando por la Municipalidad Provincial de Arequipa y los municipios distritales de Paucarpata, Tiabaya, José Luis Bustamante y Mariano Melgar.

Lo mismo ocurre con la municipalidad provincial de Camaná, además de Quilca y Ocoña: con la Municipalidad provincial de Caylloma y los distritos de Majes y Tomepampa; municipio provincial de Condesuyos, además de Yanaquihua; la provincial de Islay y Punta de Bombón.

Le siguen en orden de deficiente atención, la Gerencia de Educación de Arequipa, el Seguro Social y la Gerencia Regional de Salud. “Los principales derechos vulnerados fueron los correspondientes a la administración pública, el acceso a la información, derechos laborales, a la salud y a la educación, puesto que las personas tienen derecho a gozar de una buena administración pública”, indicó el Defensor.