Dictan 209 días de labores comunales a hermanas que agredieron a policías

Arrepentidas se mostraron las dos hermanas, que el pasado  viernes, en estado de ebriedad golpearon a cuatro agentes policiales  para evitar ser detenidas luego de que ocasionaron un accidente de tránsito. En un proceso judicial inmediato realizado en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ambas  fueron condenadas a cumplir 209 días de labores comunales.

 

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y Proceso de Flagrancia, Jaime Coaguila Valdivia, concedió el requerimiento de la Fiscalía y dictó 209 días de pena de prestación de servicios contra Karina y Norka Linarez Fierro, quienes se acogieron a la terminación anticipada y reconocieron haber cometido el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

 

Una condena que  recibieron luego de que el pasado  viernes 29 de abril, a las 01:00 horas, Karina Linarez, quien conducía en estado de ebriedad, chocó su vehículo (V7X-280) contra una motocicleta en la avenida Porongoche. Tras el accidente intentó darse a la fuga, siendo intervenida por los agentes Wilber Tenorio y Alex Quina.

 

Sin embargo, Karina se resistió a la acción y junto a su hermana Norka agredieron a los policías con golpes y patadas. Tuvieron que acudir dos uniformados Ángel Mena y Jésica Mendoza, para poder reducirlas, luego que también fueran agredidos.

 

José Luis Tito, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa, indicó que tras esta deplorable acción las arrepentidas damas intentaron resarcir el daño y reconocieron su delito. Además, pagaron 300 soles para cada uno de los cuatro afectados, quienes tuvieron que ser atendidos médicamente uno a cuatro días.

 

A esto –dijo– se suma que ambas no presentaban antecedentes penales, por lo que solicitó en audiencia que se les dé cuatro años de pena suspendida transformada en pena de prestación de servicios.

 

El magistrado Jaime Moreno aceptó el requerimiento y ordenó que en el plazo de cinco días las damas deberán presentarse ante el área de medio libre del Instituto Nacional Penitenciario, para que los puedan ubicar en algún municipio o entidad pública, para que cumplan con el trabajo comunitario (obreros, barriendo calles, entre otros). Además del pago de 500 soles como reparación civil a favor del Estado. De desconocer estos mandatos se podrían revocarse sus condenas por prisión efectiva.