Editorial: Barata debe hablar
20 de noviembre de 2017
No tenemos afán protagónico, pero sí nos consideramos responsables de trasmitir inquietudes ciudadanas mayoritarias con respecto al caso Odebrecht que complica a políticos como a expresidentes y a una demanda colectiva que exige aclaraciones y esclarecimientos que son absolutamente indispensables para que tengamos una idea precisa de la magnitud del daño ocasionado a la moral pública y de quienes fueron sus autores y responsables.
Marcelo Odebrecht ha declarado a la justicia brasileña primero, y después a las fiscalías peruanas lo que ocurrió con la compra de conciencias y voluntades en varios países de América Latina, que incluían a Perú y que enlodaron a jefes de Estado, ministros y testaferros de los regímenes de turno.
Pero como es comprensible el señor Odebrecht no ha dicho todo, y en el caso específico de nuestro país, ha solicitado que se obtengan precisiones de actos indebidos y de recepción de dinero proveniente de sus arcas, con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.
Barata habló en algún momento y ofreció todo concurso a condición de que se le considerara un colaborador eficaz, con la consecuencia de beneficios penitenciarios en lo que se refiere a su persona y también se cuidara la permanencia de su empresa en el Perú para que pudiera pagar los perjuicios que hubiera producido su deshonesta acción.
El fiscal Hamilton Castro logró un acuerdo con Barata a cambio de información precisa y suficiente, pero ocurre que el juez de la causa, Concepción Carhuancho, ha declarado nulo el acuerdo concertado, señalando que Barata sigue siendo un procesado y no un colaborador eficaz y todo el proceso de averiguación que suponía la colaboración lograda, por lo menos se ha detenido y no podremos salir de dudas.
Era natural y consecuente la exigencia de Odebrecht y de Barata, y conveniente la aceptación fiscal, que ha sido torpedeada para que todo siga en el silencio y sospechosamente coincidente con una resolución política del Congreso, que ampliando un decreto gubernamental no permite ningún trato con Odebrecht.
En consecuencia la colaboración ofertada ya no es posible y tampoco completar las verdades iniciadas por el detenido Marcelo Odebrecht.
El fallo de un juez y el pronunciamiento político de la mayoría congresal impiden que sepamos la verdad de los sobornos y que el Estado recupere los daños que sufrió por las malas acciones a las que se prestaron prominentes políticos peruanos.
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