Editorial: Contraloría y obra pública

Puede resultar incómoda, pero es necesaria la adopción de toda medida que tienda, dentro de una política de prevención o de enmienda, lo que en otros lares del país representan escándalos o demostraciones del mal manejo del dinero público.

No debe tenerse un sistema de control que suponga protección especial a inversiones grandes, como las que tiene proyectadas el Gobierno Regional o la Municipalidad Provincial, en el propósito de acelerar las obras de Majes II o el Sistema Integrado de Transportes.

Se trata de generar empleo, revitalizar comercio y brindar a corto plazo una mejor y más cómoda movilización ciudadana en reemplazo de la que significan vetustas combis o carencias determinadas por errores anteriores en lo que se refiere al  servicio colectivo de pasajeros.

Si las cosas se hacen bien no hay porque temer. En algunas circunstancias es probable que haya quien se pretenda saltar a la garrocha un trámite detenido por la burocracia limeña, pero eso no debe significar que hay mal manejo de acuerdo normas vigentes y que sean adelanto de escándalos semejantes a quienes conmueven al país y obligan a investigar a tres ex presidentes de la república Toledo, Humala y Alan García.

El señor Shack debe comprender, y todos los peruanos queremos que así sea, que hasta ahora nadie ha hablado mal de nuestras principales autoridades, pero el riesgo existe y los candados es mejor tenerlos puestos a exponernos al daño que supone el ingreso de bandidos y el retiro de bienes colectivos.

 

Es de esperar que la Contraloría General de la República establezca alarmas que detecten los riesgos de que se repitan sobornos o malos manejos en la administración pública.