Editorial: De Sedapar deben irse todos

Resulta evidente, a la luz de los hechos que todos los responsables del manejo de la empresa de saneamiento de Arequipa, deben irse a sus casas por su demostrada ineficiencia y para poder afrontar las investigaciones, imparciales y severas que deben ser realizadas por  la Contraloría General de la República, a mérito de una petición del Gobierno Regional y de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

En el primer caso, por lo ocurrido en el restablecimiento del servicio de agua y trabajos de prevención para evitar problemas en el punto de captación del recurso hidrico; y en el segundo por lo ocurrido en la planta La Tomilla II, que fue recibida por Sedapar después de haber sido ejecutada, con el financiamiento de la Sociedad Minera Cerro Verde.

Es verdad que la Junta de Accionistas será reestructurada a mérito de una disposición gubernamental que reduce el número de alcaldes que actualmente la conforman a solo los provinciales y también que el directorio tendrá una conformación diferente a la actual.

Lo anterior es definitivamente aconsejable y bueno, pero no puede permitirse un día más en sus cargos a los responsables de los desaciertos que se advirtieron en las deficiencias de abastecimiento de agua, en claro contraste con lo que se logró en Lima después de que huaicos causaron daños graves en la planta de Huachipa, ahora en proceso de investigación por haber sido ejecutada por un consorcio mixto brasileño-francés que tuvo observaciones de la Contraloría General de la República.

Comprendemos y apoyamos el malestar expresado por la Gobernadora Regional y llama la atención que no haya liderado una cruzada como la indicada el Alcalde Provincial, estimando como directamente lesionados los intereses y bondades del servicio de agua potable, desde hace mas de 15 días, a quienes vivimos en Arequipa Metropolitana.

La exigencia de una renuncia es común y necesaria, para que se pueda cambiar sustancialmente el manejo en saneamiento.

 

Sedapar es una empresa de servicio público que tiene que cambiar de la A a la Z, sea por renuncias o por despidos.