Editorial: Delitos y faltas de menores

En el caso de Arequipa, la Policía Nacional detuvo a 400 menores de edad, de los cuales solo 61 fueron liberados y devueltos a sus padres, con amonestaciones y advertencias. El resto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia, enviados a establecimientos tutelares o a centros de prevención.

También se sabe cuáles son los ilícitos cometidos por quienes teniendo entre 12 y 17 años se dedicaron a robar y asaltar, básicamente, o también a servir de “campanas” en casos de actuar de bandas o de trabajar en extorsiones o de cometer abusos sexuales.

En el fondo los problemas de origen están en las familias y en los colegios. En las primeras se advierte que la mayor parte de los retenidos conformaban familias no formales y en el caso de la educación es evidente que la enseñanza de valores está muy por debajo de los esfuerzos académicos de quienes tienen el deber de conformar ciudadanos de primer nivel para que ellos conduzcan al país, a su economía y a su política en condiciones suficientes y necesarias para llevarnos al desarrollo y la prosperidad.

Nadie puede negar que en los últimos años haya sido eficiente la tarea de gobierno para proteger a la mujer y al niño. Una concertación adecuada permitirá superar la contingencia actual y a alejar a los niños y jóvenes de incursionar en el delito o en la falta y a la vez de perfeccionar el conocimiento patriótico y cívico que los estudiantes deben tener sobre el Perú de hoy y de mañana.

 

Los delitos en niños y adolescentes, que por ley se consideran básicamente faltas, obligan a recomendar a padres y maestros un singular esfuerzo para evitar que crezcan torcidos los hijos bienvenidos para que el futuro del país cuenten con el concurso de todos y especialmente de quienes se educan para dirigirlo y gobernarlo.