Editorial: El viaducto de Salaverry
22 de noviembre de 2017
Es probable que no exista obra alguna, anunciada o en aparente proceso de concretarse, en toda la gestión del alcalde provincial Alfredo Zegarra, que el llamado viaducto de Salaverry que ha encontrado oposición en los colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, en opinión de numerosos vecinos, sobre todo de El Vallecito, y que es objeto de preocupación y vigilancia por parte de la Contraloría General de la República.
En actitud desafiante, el señor Zegarra Tejada insiste en hacer realidad la obra considerada como parte del Sistema Integrado de Transportes (SIT) y que se encuentra en proceso de iniciarse en breve.
Ahora resulta que hay otro inconveniente a la vista: el concejo provincial aprobó un estudio de impacto ambiental, el mismo que no es de su competencia y que ha determinado preocupación y requerimiento de intervención de la Contraloría General de la República.
Lo deseable en obras de magnitud es que se superen las observaciones que puedan hacer grupos e instituciones significativas para que después, cuando la obra esté en construcción y probablemente terminada, no tengamos que lamentar daños al prestigio de la institución proponente o de las personas que lo aprobaron en forma irregular.
Los responsables municipales del proyecto, como son el gerente de Desarrollo Urbano, el asesor externo y el propio alcalde de la ciudad, se han negado a contestar las observaciones que se han hecho confiando en que el gobierno asuma la responsabilidad de detener una obra ya iniciada y que está siendo financiada en parte por lo menos por el propio gobierno central.
Lo mejor que puede pasar es que el alcalde no tenga inconveniente en reunirse con ingenieros arquitectos e incluso universidades, así como con los organismos de control para dialogar y convencerlos de las bondades del citado viaducto para que termine una polémica que puede tener consecuencias para la comuna y para las personas encargadas de dirigirla.
El viaducto de Salaverry no es una obra de particulares y en consecuencia corresponde a la municipalidad convocar a las entidades profesionales observantes del mismo a un diálogo esclarecedor y constructivo.
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