Editorial: La discriminación del Estado

Las editoras de diarios y revistas, los propietarios de los canales de televisión y de las estaciones de radio, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Consejo de la Prensa Peruana y numerosos personajes del derecho y la política, han cuestionado el planteamiento y declarado su oposición a él.

Se le considera atentatorio contra la libre expresión, además de limitante del derecho de saber que tienen todos los peruanos de enterarse de las obras que se hacen con fondos públicos. Y unas encuestas de opinión confirman la oposición del público a que esta información se limite a los canales de gobierno, que tienen poca difusión, y no en todos los medios posibles para favorecer la fiscalización y también el conocimiento de lo que hace o deja de hacer la gestión de turno.

Pero hay algo más por decir. Se trata de la discriminación con la que procede, y ha procedido siempre el régimen de Lima con relación a la prensa regional o provinciana, totalmente excluida del derecho que tienen todos los peruanos de enterarse de lo que su gobierno hace. Quizás sea consecuencia de que siendo cada promesa una deuda por cumplir, quienes lleguen al poder se olvidan del compromiso y no conviene que se lo recuerden quienes votaron por presidentes, gobernadores o alcaldes para que no lo hagan y a veces hasta lleguen al extremo de hacerlo inversamente a lo ofertado.

 

No solo es malo limitar a los canales del Estado la difusión de la obra de gobierno, sino que debe establecerse que los beneficios de la información lleguen por igual a los medios limeños y a los regionales o provinciales.