Editorial: La judicialización de las obras públicas

Son muchos los tramites judiciales que se realizan alrededor de obras públicas, que se encuentran paralizados, o en proceso de larga espera, por las hábiles maniobras de quienes se interesan en que así sea, por responder a intereses particulares, al parecer ignorando que con tales procedimientos se detiene la inversión estatal, o incluso la privada, y causar daño a la economía nacional.

Uno de tales casos mencionado, está referido a la carretera o autopista Arequipa-La Joya, iniciada durante la gestión del anterior gobernador regional y que ahora impide que se pueda programar fecha y absolver requerimientos de interesados para la segunda etapa.

La dilatación del proceso ha sido puesta en conocimiento del propio presidente de la Corte Superior de Justicia, Eloy Zamalloa Campero; por el juez del segundo despacho de investigación preparatoria de Paucarpata, Manfred Vera, quién dijo que sumado a los problemas existentes la carga tributaria que soporta dicho juzgado, que ve todas los problemas legales vinculados al Gobierno Regional ha tornado muy difícil la solución de los problemas pendientes.

La verdad negativa de esta realidad es que la obra púbica se detiene y que se mantienen en el aire acusaciones que no se fundamental, y que en todo caso no se resuelven, como sería deseable, para los ciudadanos que resulten inocentes, o para que se apliquen los castigos que merecen aquellos que resulten responsables de violar la ley.

El país está cansado y la ciudadanía saturada de conocer de denuncias que no se alcanzan a probar y de mantener en zozobra a quienes pueden resultar inocentes.

El estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que esto termine de una vez y no se sigan acumulando las incertidumbres sobre bondades realizadas o sobre castigos  esperados.

 

Los tribunales de justicia dejan para después o para nunca, las soluciones de problemas en trámite sobre el mal uso del dinero público atendiendo a maniobra o intereses privados.