Editorial: La lentitud de la justicia

A pesar de que se alega siempre de que es por culpa de la carga procesal, la lentitud en las investigaciones del Ministerio Público y de los juzgadores es evidentemente el peor mal que justifica el malestar del litigante cuando quiere obtener justicia a través de la administración estatal.

Si la justicia tarda, la injusticia es doble. No se trata de resolver rápidamente las causas que se ven en los juzgados o en las investigaciones primarias de los fiscales, sino del daño que se ocasiona a quien cree tener la razón, y la defiende en los tribunales con la seguridad de que no tendrá solución a su alcance, sino después de mucho tiempo o cuando ya se haya extinguido la vida de quien quería justicia.

El mal, es común a todos los niveles económicos y sociales y solo diferente es el trato que reciben aquellos que pueden considerarse poderosos por sus influencias económicas, políticas o sociales, lo que en parte explica el afán de algunos grupos partidarios en infiltrar este poder del Estado con gente que obedezca y proteja a sus correligionarios.

Entretanto, la honra de muchos inocentes está en juego y la justicia tardará para quien reclama con derecho y procedencia para obtener lo que espera y cree tener respuesta en leyes vigentes o en procedimientos determinados.

Es necesario que los actores del proceso confíen, a la brevedad posible, a los legisladores, las reformas que sean necesarias para acelerar la administración de justicia, para no merecer la condena ciudadana que se traduce en la desaprobación del Poder Judicial y del Ministerio Público en las encuestas de popularidad que realizan empresas de la especialidad.

 

La justicia tiene que ser rápida porque eso es parte de su compromiso de resolver los problemas que son sometidos a su consideración y que se sustentan en la ley y en los procedimientos procesales correspondientes.