Editorial: Los temores regionales
3 de enero de 2018

Por la poca difusión que se dio a su pronunciamiento, la ciudadanía que vive en provincias y regiones no se ha enterado lo suficiente de la preocupación que embarga a quienes tienen la responsabilidad de manejar los presupuestos de cada una de las 27 regiones del país.
No es un problema de ahora, pues comenzó en los meses finales del gobierno de Humala, se agudizó en el primer año de gestión de Pedro Pablo Kuczynski, y empeoró a los extremos con el escándalo Odebrecht. La verdad es que ni los ministros de Estado ni los funcionarios que les acompañan quieren firmar ningún papel relacionado con recursos del Estado, por el temor de los afanes y exigencias de la Contraloría General de la República y las oficinas de Control Institucional (OCI) y entonces la parálisis que ha desacelerado la economía se convierte en una cruz imposible de cargar para el funcionario regional o para el alcalde provincial o distrital.
La verdad es que el Perú se encuentra semiparalizado y solo hay esperanzas de un cambio en base a un llamado Gabinete de reconciliación, como si el problema fuera estructuralmente político y no de decisiones como son las que realmente se requieren para destrabar el aparato estatal y actuar en consecuencia a las necesidades nacionales.
El pronunciamiento que en el Cusco han hecho los señores gobernadores regionales de todo el país es muy claro. Hay temor fundado de que ahora las cosas empeoren con el mismo gabinete que permanece en el aire o con un ofertado que reconciliaría posiciones diferentes en lo político, pero que no es garantía de acción rápida y efectiva.
La esperada reconstrucción del Norte está dentro del mismo paquete y en condiciones similares al resto.
Eso es intolerable en un país que a pesar de todo crece y por tanto debiera estar generando empleo para las juventudes y atendiendo necesidades que tienen que ver con el desarrollo y la disminución de brechas económicas y sociales.
Un gabinete de reconciliación nacional solo aspira a reducir tensiones políticas, pero no garantiza eficiencia en el gasto y movilización de recursos para acelerar la economía.
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