El 9 de enero y la costumbre de mirar a otro lado: indiferencia, protesta y memoria

Por: Liz Surco y Estefany Pacho (politólogas) y Maria Huichi (socióloga). 

LA INDIFERENCIA COMO FORMA DE VIOLENCIA SOCIAL

El 9 de enero de 2023, en Juliaca, el Perú volvió a mirar de frente una escena que creía superada: ciudadanos asesinados por quienes debían garantizar su protección. Las imágenes recorrieron el mundo y fueron calificadas por medios internacionales como una de las masacres sociales más crueles de los últimos años. Sin embargo, una vez disipado el impacto inicial, se impuso algo más persistente y silencioso: la indiferencia.

Cuando la injusticia aparece, no siempre se sabe cómo reaccionar, qué decir o cómo actuar. Muchas veces, esa falta de respuesta nace del miedo, la confusión o la costumbre de mirar hacia otro lado. Estos suelen ser los motivos por los cuales las personas optan por el silencio ante situaciones de injusticia, sin importar su magnitud. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esa injusticia nos alcanza y es uno mismo quien se convierte en víctima? En momentos como estos, casi por instinto, exigimos justicia por aquello que nos aqueja.

A pesar de que los hechos son de conocimiento público y de que cada año los familiares de las víctimas salen a las calles a exigir justicia (una justicia que parece no llegar nunca), gran parte de la sociedad continúa deslegitimando estas demandas, calificando los movimientos sociales con diversos adjetivos que buscan restarles valor. Esta actitud refleja la profunda indiferencia social que persiste en la actualidad: mientras una injusticia no nos afecte directamente, no reaccionamos, no decimos nada y no actuamos.

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Si bien existen diversas formas de exigir justicia, la ineficiencia de muchas de ellas ha generado que la impotencia social continúe creciendo, al punto de recurrir a marchas que, en un inicio, suelen ser pacíficas. No obstante, al ser reprimidas bajo el argumento de mantener el orden público, terminan muchas veces derivando en hechos violentos. Esto evidencia la incapacidad del aparato estatal para gestionar adecuadamente el conflicto social y atender las demandas ciudadanas. Aun así, la mayoría de la población permanece en silencio, debilitando el tejido social y profundizando una sociedad cada vez más fragmentada, individualista e insensible al dolor ajeno. De este modo, la indiferencia social frente a la injusticia y el abandono del Estado hacia las víctimas parecen no tener fin, impidiendo la construcción de soluciones reales y sostenibles.

Así, cada año los familiares de las víctimas salen a las calles a exigir justicia. Y cada año reciben la misma respuesta: cuestionamientos, estigmatización y olvido. Las demandas son minimizadas, la protesta es deslegitimada y el dolor es puesto en duda. Esta indiferencia no es neutral. Es una forma de violencia social que permite que la impunidad se vuelva costumbre y que la muerte, cuando ocurre lejos del centro (principalmente en el sur del país), deje de interpelarnos.

¿SUR REBELDE O ESTADO AUSENTE?

Nombrar al sur peruano como “tierra de gente rebelde” es una afirmación que, más que describir, clasifica y estigmatiza. Esta idea ha sido recurrentemente utilizada para explicar, y muchas veces justificar, la violencia ejercida contra regiones como Puno, Juliaca o Ayacucho, reduciendo demandas políticas legítimas a una supuesta predisposición cultural al conflicto.

Sin embargo, esta lectura ignora deliberadamente los procesos históricos que atraviesan a estas regiones. Las protestas que estallaron en el país no surgieron de la nada ni fueron producto de un impulso irracional. Son la expresión de una acumulación de agravios: centralismo persistente, exclusión política, racismo estructural y una presencia estatal que aparece, en muchos casos, únicamente a través de la represión.

En este contexto, protestar no es un acto de rebeldía gratuita, sino una forma de interpelación política cuando los canales institucionales han sido cerrados o resultan ineficaces. Más que preguntarnos si el sur es rebelde, la pregunta incómoda es otra: ¿qué condiciones hacen que protestar sea la única forma de ser escuchados?

El problema no es la protesta. El problema es un Estado que no escucha y una sociedad que prefiere creer que el conflicto es cultural antes que estructural.

JUVENTUD Y PROTESTA: ENTRE EL COMPROMISO Y EL RIESGO

Durante las protestas del 9 de enero, muchos jóvenes vivieron el conflicto desde la cercanía emocional, compartiendo el dolor y la indignación de sus comunidades, pero sin poder involucrarse plenamente en las movilizaciones. El temor a la violencia, a la criminalización y a las represalias actuó como un límite concreto para su participación directa.

La frustración no nació de la apatía, sino de la imposibilidad. La protesta se convirtió en un espacio de alto riesgo donde la presencia juvenil fue rápidamente asociada al desorden o a la violencia. Ante ello, numerosos jóvenes optaron por apoyar desde otros lugares: la solidaridad comunitaria, la difusión de información, el acompañamiento a las familias afectadas. Formas de participación política que, aunque fundamentales, fueron invisibilizadas en el discurso público.

Sin embargo, reducir la experiencia juvenil a la ausencia sería una omisión grave. El 9 de enero también murieron jóvenes. Decenas de ellos estuvieron en las calles y pagaron con su vida el costo de alzar la voz. Sus muertes desmienten la narrativa de una juventud indiferente y evidencian, más bien, que participar activamente implicó asumir un riesgo extremo.

Esta distancia forzada entre convicción y acción dejó una huella profunda. Respaldar abiertamente las demandas sociales implicaba asumir riesgos que no todos podían afrontar, especialmente en contextos marcados por la precariedad económica y la necesidad de sostener responsabilidades familiares. El resultado no fue una juventud descomprometida, sino una generación fragmentada entre quienes pudieron salir a protestar, y fueron violentamente reprimidos, y quienes, aun compartiendo las mismas convicciones, fueron empujados al margen.

MUJERES COMO GUARDIANAS DE LA MEMORIA Y JUSTICIA

Si la protesta no se extinguió tras la represión, fue en gran parte porque las mujeres la sostuvieron. Durante y después de las movilizaciones, fueron madres, hermanas y abuelas quienes organizaron el cuidado colectivo, acompañaron a los heridos y, tras las muertes, transformaron el duelo en una exigencia pública de justicia.

La violencia estatal no terminó con los disparos. Para muchas mujeres, el proceso posterior significó una revictimización constante: trámites interminables, investigaciones dilatadas, equipos fiscales desactivados y un sistema que parece exigirles pruebas incluso de su propio dolor. A ellas no solo se les arrebató a un hijo o a un hermano, sino también la posibilidad de llorar en silencio. Se vieron forzadas a exponer su pérdida públicamente, a narrarla una y otra vez, para que no sea negada ni olvidada.

En este escenario, las mujeres se convierten en guardianas de la memoria. Nombran a los muertos, conservan sus fotografías, recuerdan las fechas y relatan cómo ocurrieron los hechos cuando las instituciones callan. La memoria, en sus manos, deja de ser un acto íntimo y se vuelve una práctica política: recordar es resistir al olvido impuesto.

En la continuidad de esa lucha por la memoria y la justicia, la participación de las mujeres del altiplano adquirió una visibilidad particular que reconfiguró el sentido de la protesta. Fueron, sobre todo, las madres quienes ocuparon el espacio público con una presencia firme y decidida, caminando durante horas con banderas en alto y vestidas con polleras y trajes tradicionales. Su aparición no respondió a una lógica partidaria, sino a la necesidad de afirmar su identidad y de exigir un trato digno frente a un Estado que históricamente ha excluido sus voces y sus territorios.

La movilización femenina estuvo atravesada por una preocupación constante por la vida y la protección. Muchas mujeres marcharon acompañadas de sus hijos, negándose a dejarlos atrás ante la percepción permanente de peligro. En ese contexto, la maternidad se transformó en una expresión de coraje y resistencia, donde el cuidado no significó retraimiento, sino presencia activa. Estos gestos revelaron una forma de participación que desafió la violencia desde la responsabilidad y el resguardo, incluso en escenarios marcados por la represión.

El aporte de las mujeres también se manifestó en prácticas solidarias que sostuvieron la protesta más allá de la confrontación directa. La preparación y distribución de alimentos, fiambres, qoqawis y ollas comunes permitió acompañar a quienes se movilizaban y reforzó los vínculos comunitarios. Estas acciones, profundamente arraigadas en la vida colectiva del altiplano, evidencian una ética de apoyo mutuo que suele permanecer invisibilizada. En ellas se expresa una figura femenina que no solo resiste, sino que cuida, organiza y mantiene viva la lucha por justicia y dignidad.

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EL CONFLICTO COMO TRANSFORMACIÓN O COMO UN FACTOR CÍCLICO

El conflicto social en el Perú no termina cuando cesan las movilizaciones. Se reactiva cada vez que las demandas son ignoradas, las investigaciones se dilatan y la justicia se posterga. En lugar de ser asumido como una oportunidad de transformación, el conflicto ha sido tratado como un problema de orden público que debe ser contenido y luego olvidado.

Esta lógica produce un ciclo conocido: represión, criminalización de la protesta e impunidad. La ausencia de verdad y reparación no cierra las heridas, solo las profundiza. El malestar social no desaparece; se acumula y reaparece con mayor fuerza cada vez que el Estado vuelve a fallar en su rol de garante de derechos.

Mientras no se atiendan las causas estructurales del conflicto, la protesta seguirá siendo el principal mecanismo de interpelación para amplios sectores de la población. El resultado no es estabilidad, sino repetición.

¿QUÉ HACEMOS CON ESTA MEMORIA?

Recordar el 9 de enero no es un gesto simbólico ni un ejercicio de nostalgia. Es una toma de posición. La indiferencia, el silencio y la normalización de la violencia también son formas de actuar y tienen consecuencias en la vida democrática.

En este contexto, la ciudadanía no puede permanecer pasiva ni avalar discursos que justifiquen la represión o deshumanicen la protesta social. Respaldar los procesos de verdad y justicia, junto con una vigilancia ciudadana sostenida, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y la defensa constante de los derechos humanos, se vuelve una exigencia ética para evitar la repetición de la violencia.

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