Es casi imposible que se repita otro “Arequipazo”

“El doctor Alejandro Toledo se compromete a defender el patrimonio regional, en particular la intangibilidad de Sedapar, Seal y Egasa, como empresas de propiedad y administración pública”, citaba una parte del acta suscrita por Alejandro Toledo Manrique, el 16 de mayo de 2001, en la Federación Departamental de Arequipa (FDTA). 

En ese entonces era el candidato presidencial que junto con Alan García Pérez había pasado a la segunda vuelta electoral. 

A 15 años de esta gesta denominada “Arequipazo”, Luis Saraya López, que por entonces era uno de los presidentes colegiados del Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), recuerda que el documento selló los compromisos que el líder de Perú Posible adquirió en un mitin en la Plaza de Armas. Ahí fue crítico de la política neoliberal y que tenía como pilar básico las privatizaciones emprendidas por Alberto Fujimori Fujimori. 

Esa mecha prendió el «Arequipazo» cuando al año siguiente, el presidente, olvidándose de la palabra empeñada y con un documento de compromiso firmado, autorizó la venta de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa). Añade que fue el primer conflicto social en democracia después de 10 años de la dictadura fujimorista. 

 

 

¿ERA JUSTIFICADA? 

Saraya López recuerda que meses antes de la protesta social y ante los primeros anuncios del gobierno toledista de privatizar Egasa, Arequipa acató medidas de fuerza preventivas. Hubo cuatro jornadas departamentales, macrorregionales y nacionales (26 y 27 de febrero; 21 de marzo; 16 y 17 de abril, y el 24 de abril), pero Toledo no dio su brazo a torcer.

La gesta de Arequipa detuvo las privatizaciones de empresas públicas, no solo en el Perú, sino en todos los países latinoamericanos que imponían este modelo económico. Sin embargo, solo se cambió el término privatización por concesión. 

La venta de las empresas públicas era una de las exigencias del neoliberalismo económico inaugurado en el gobierno de Alberto Fujimori. Este régimen privatizó más de 200 empresas públicas por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI). La  justificación, que reportaban pérdidas y generaban gastos al Estado. El gobierno de Toledo continuó con este proceso, pese a que durante su campaña prometió que cortaría con ello. 

 

EL “AREQUIPAZO” 

A pesar de su compromiso firmado en un acta y haciendo caso omiso al rechazo de Arequipa, Toledo Manrique inició la privatización de la empresa de Egasa y Egesur de Tacna. 

El exdirigente del FACA hace memoria y recuerda que el 14 de mayo Alejandro Toledo Manrique convoca a los dirigentes del FACA y a las autoridades arequipeñas a Palacio de Gobierno, donde estuvieron varios ministros de Estado. En la reunión trata de convencerlos sobre los beneficios de la privatización de Egasa y los recursos que obtendría Arequipa. 

Además, pidió a los presentes demostrar la rentabilidad de Egasa, a lo que presentaron las cifras en azul de la empresa arequipeña. Este documento fue lanzado al aire por el presidente, quien se retiró molesto. 

Es así que ante la negativa de Toledo de no dar marcha atrás, el 3 de junio, un grupo de dirigentes del FACA inició una huelga de hambre en el atrio de la Catedral. Siguieron las protestas y a  pesar de ello, el 14 de junio se entregó Egasa y Egesur a Tractebel por US$ 167.4 millones. Entonces la protesta estalló. 

Una vez que se procedió a abrir los sobres, un grupo de autoridades reunidas en la Municipalidad Provincial de Arequipa, veía con asombro la consumación de un acto cuestionado. La batalla no solo era social. En el Poder Judicial, el entonces alcalde provincial Juan Manuel Guillén Benavides, presentó una acción de amparo admitida en el Poder Judicial contra el proceso. En la medida se argumentaba que Arequipa tenía acciones y no había sido consultada de la venta. 

 

AREQUIPA PARALIZADA 

Desde el 14 de junio se realizaron concentraciones en la Plaza de Armas. Arequipa se declaró en huelga indefinida. 

No había transporte público, los establecimientos dejaron de atender y se suspendieron las labores escolares y universitarias. Las movilizaciones y choques con la Policía se acrecentaron y en el Centro Histórico, se armaron las barricadas con los adoquines. 

En los diversos distritos, vecinos echaban vidrios en las pistas. Otros prendían llantas viejas e impedían el paso de toda unidad por las calles. 

Una mala información del entonces prefecto Luis Gutiérrez Cuadros al presidente Toledo, asegurando que los que protestaban eran unos cuantos, atizó el conflicto social. Los ministros emitieron frases ofensivas, dejando entrever que los arequipeños eran unos ignorantes, que el reclamo era muy reducido y eran liderados por dirigentes que no eran de Arequipa, lo que motivó, en un acto simbólico, a Guillén Benavides a “nacionalizar” a los migrantes. 

El domingo 16 se dispuso el estado de emergencia. Arequipa quedó al mando del jefe de la Tercera Región Militar, general EP Óscar Gómez de la Torre. Al día siguiente, siete alcaldes y una regidora, con Guillén a la cabeza, se sumaron a la huelga de hambre de los dirigentes. 

Ante la imposibilidad de seguir con las protestas y actos de violencia la ciudadanía arequipeña optó por izar las banderas e implementar los famosos “cacerolazos” tres veces por día (07:00, 13:00 y 19:00 horas). 

Como anécdota, Saraya recuerda que el general Gómez de la Torre, les mencionó que cuando estuvo en su casa Fernando Rospigliosi, la esposa del militar y sus hijos se sumaron al «cacerolazo» ante la enervación del ministro. 

Además, en una visita hecha a La Joya el ministro del Interior de entonces, Fernando Rospigliosi exigió al general Gómez de la Torre, a restaurar el orden, no importa si con uno o mil muertos. La autoridad militar rechazó esa disposición, que solo sería acatada si venía del ministro de Defensa. 

El 18 llegó una comisión de alto nivel presidida por monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio e integrada por el vicepresidente Raúl Diez Canseco y el ministro Diego García Sayán. 

El bus de la comitiva resultó apedreado por un grupo de manifestantes. 

El diálogo se produjo en el colegio San José. Después de varias horas de tensas negociaciones, ese día no hubo acuerdo. El trabajo se retomó el 19 y después de más de 19 horas de conversaciones, se firmó un acta que puso fin al “Arequipazo”. Se dejó sin efecto la privatización y el gobierno de Toledo pedía disculpas por las agresiones verbales de sus ministros. 

Camino al aeropuerto, rumbo a Lima, la comitiva advirtió la magnitud y espíritu solidario de la medida de fuerza. Cuando llegaron, las calles lucían llenas de piedras, vidrios y restos de llantas quemadas. Culminada la misma, ya estaban limpias. 

 

¿VALIÓ LA PENA? 

Luis Saraya sostiene que el “Arequipazo” consiguió paralizar la privatización de Egasa. 

Remarca que fue la primera protesta social en plena democracia que alentó jornadas posteriores como el «Moqueguazo»,» Tacnazo», «Juliacazo», “Baguazo”.

Sin embargo, el logro más importante, fue el respaldo total de Arequipa a la lucha por hacer respetar la dignidad y orgullo de un pueblo que se sintió atropellado y la falta de moral de una autoridad que incumple sus compromisos. 

Reconoce la fuerza que puede llegar a tener un movimiento social que busca defender algo concreto como lo ocurrido con Egasa, aunque advierte que una gesta como el “Arequipazo”, difícilmente se pueda repetir. 

Finalmente, Saraya López recuerda que el movimiento social de Arequipa, además de poner fin a las privatizaciones, tuvo impacto político enorme. Se tumbó al gabinete ministerial presidido por el premier Roberto Dañino. “Es una muestra de lo que puede conseguir una movilización masiva articulada. Es uno de los grandes movimientos que frenó parte del modelo neoliberal impuesto por el FMI”. 

El «Arequipazo», a diferencia de los movimientos antimineros, tiene mayor consistencia y no generó polarización, como sí pasa con la minería, en que unos están a favor y otros en contra.