Exigirán a empresa Cobra que haga cierre financiero de Majes Siguas II

Una tercera ampliación de plazo para que el grupo Cobra, encargada de la ejecución de las obras de infraestructura hídrica del proyecto Majes Siguas II, vence a fines del mes de marzo, y el gobernador Elmer Cáceres debe obligarlos a cumplir con el cierre financiero para saber si es que tienen el dinero suficiente para continuar con la obra.

Así lo indicó el congresista Horacio Zevallos, quien agregó que esta sería la tercera ampliación otorgada a dicho grupo para que haga su cierre financiero y no se debería permitirle mayor ampliación de plazo, sabiendo que lo único que ha hecho todo este tiempo, es dilatar el proceso, e incluso logró con argucias la paralización del proyecto por casi un año sin alguna justificación válida.

Lo que está solicitando el grupo Cobra, es la firma de la llamada “adenda 13”, mediante la cual solicita al gobierno peruano, se le otorgue 110 millones de dólares adicionales para realizar el cambio tecnológico, que consiste en la construcción de túneles para transportar el agua, en lugar de canales abiertos, argumentando que la evaporación disminuiría considerablemente el aporte hídrico.

“Ya se ha demostrado hasta el cansancio que no habrá escasez hídrica, por el contrario, se tiene estudios que aseguran se va a tener mayor cantidad de agua que la que se tenía al momento de firmar el contrato. Si así no fuera, esa es responsabilidad de la empresa, porque es la responsable de la infraestructura hídrica. El Estado no tiene porqué asumir dicha responsabilidad, por lo tanto no debe firmar la adenda”, añadió el parlamentario

Si se firma la adenda se compromete al Estado para que asuma los costos del cambio tecnológico, sin conocer a la fecha cual sería el costo del nuevo diseño del sistema de conducción y distribución, sin justificar las razones por las cuales el Estado debería asumir mayores recursos en obras, que de acuerdo al Contrato son de responsabilidad exclusiva del concesionario, y, más aún sin evidencia de que se haya evaluado que las supuestas nuevas demandas de agua afectaban a la oferta hídrica disponible.

Igualmente, señaló, que si se llega a efectivizar dicha firma, se liberaría al concesionario de responsabilidad ante sus incumplimientos. El grupo empresarial podría demandar al Estado peruano ante tribunales internacionales.

Agregó que con esta adenda, el Estado pasaría a ser un aportante mayor del proyecto, con un 59.4% de los recursos (392 millones 282 mil dólares) y la concesionaria solo tendría el 40.6% (unos 268 millones).

En el contrato original suscrito en el año 2010 el Estado debía aportar sólo 48.8 % de los recursos (207 millones), mientras que la concesionaria el 51.2% (217 millones).

Finalmente el congresista Zeballos Patrón indicó que se estarán reuniendo con sus demás colegas para coordinar y hacer que el Ministerio de Economía y Finanzas, Pro inversión y el mismo Presidente de la República, a quien hicieron llegar los argumentos para no firmar la adenda, obliguen al grupo Cobra a hacer el cierre financiero y se reinicie el proyecto.