Funcionarios públicos obligados a declarar patrimonio que tienen

Contralor General Nelson Shack, aclara sobre entrega de información.

El contralor general Nelson Shack Yalta, precisó que todos los funcionarios públicos del país sí están obligados a declarar todo el patrimonio que poseen en sus respectivas Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, tal como está establecido en la ley y directivas de la Contraloría General de la República, ello en relación al caso de los relojes Rolex de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra.

Agregó que en dicha Declaración Jurada se declaran los “Bienes Inmuebles” y también los “Bienes Muebles”, donde se incluyen los vehículos, las joyas, los relojes, las pinturas, equipos informáticos y menaje. “Claramente la directiva establece que cuando los bienes que tiene un funcionario son mayores a 2 UIT por rubro hay la obligación de declarar”, acotó.

Shack Yalta enfatizó que la Contraloría colaborará con todas las investigaciones iniciadas por la Fiscalía de la Nación en las materias que le corresponden.

OBRAS PARALIZADAS EN APURÍMAC

De otro lado informó que en la región Apurímac, la Contraloría General presentó a las autoridades regionales, municipales y de otras entidades públicas un listado de 78 obras públicas paralizadas correspondientes a los gobiernos nacional, regional y local que podrían ser reactivadas en el marco de la Ley N° 31589 y que cumplen una serie de criterios propuestos por el máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).

La reunión fue encabezada por el contralor general, Nelson Shack, quien afirmó que esas 78 obras tienen un costo actualizado de S/ 624 millones 198 mil 710 y para su culminación se requiere un saldo de inversión ascendente a S/ 155 millones 315 mil 635. El titular de la Contraloría indicó que en estas 78 obras paralizadas se puede aplicar lo establecido en la Ley N° 31589, lo cual es uno de los seis criterios de priorización establecidos para impulsar su reactivación.

Los otros criterios son que su ejecución pueda concluir en un plazo máximo de dos años, que la paralización de la obra se haya configurado en los últimos tres años, que el avance de ejecución física sea mayor o igual a 70%, que pertenezca a sectores recurrentes como Transportes y Comunicaciones, Educación, entre otros; y que la obra se ubique en una provincia con un nivel de pobreza mayor al promedio nacional.

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